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jueves 07 de diciembre de 2017

La Fiscalía de Estado acciona por el combate contra la "Lobesia"

A San Carlos le advierte que carece de autoridad para dejar sin efecto la decisión del Gobierno de Mendoza de pulverizar. Y a la Secretaría de Ambiente le sugiere realizar una Evaluación de Impacto.

Siguen las repercusiones sobre el procedimiento de vaporización de los agroquímicos destinados a terminar con la Lobesia botrana, nombre científico de la "polilla de la vid".

Esta vez fue una de cal y otra de arena para cada una de las partes involucradas, lo que se dice un "empate": la Municipalidad de San Carlos, que emitió una resolución para que el Gobierno de Mendoza no pudiera pulverizar sobre su territorio el producto denominado Chlorantraniliprole, que se utiliza en el programa de erradicación de la plaga, y la Secretaría de Ambiente y Ordenamiento Territorial de Mendoza.

El punto a favor de una de las partes es contrario para la otra. La Fiscalía de Estado pedirá la inconstitucionalidad de la ordenanza 1678/17 del Concejo de San Carlos, por considerar que no tiene autoridad para prohibir un programa "supramunicipal", es decir, de autoridad mendocina.

También sugiere a Ambiente que, a pesar de lo dicho por el Iscamén sobre la inocuidad de los productos que se aplican y la falta de justificación de una Evaluación de Impacto Ambiental (EIA), presentar un informe que se denomina "aviso de proyecto". El mismo debe ser evaluado por un organismo técnico extragobierno, que será el encargado de decidir si hace falta o no la EIA.

Qué dice la Fiscalía de Estado
En la resolución Nº3848-D-2017-05179 firmada por el Fiscal de Estado Fernando Simón, queda establecido que, a pesar de que el Iscamén ha sostenido que los productos que se vienen aplicando son inocuos y por ello eximidos de la obligatoriedad del procedimiento de la Evaluación de Impacto Ambiental y audiencia pública, se debe llevar adelante un procedimiento más sencillo, también contemplado en el decreto 2109/94, reglamentario de la Ley 5.961.

Este se denomina "aviso de proyecto", y si bien no incluye la cantidad de requerimientos de una EIA, sí debe ser evaluado por un organismo científico y técnico ajeno al Gobierno. Este será el encargado de decidir, en base a las pruebas que se presenten, si es necesaria una EIA.

"La única forma de considerar de manera efectiva que el programa denunciado no se encuentra alcanzado por la obligación de realizar una EIA es a través de la correspondiente sustanciación del trámite reglamentado como aviso de proyecto", versa la resolución de la fiscalía.

Mauricio Pinto, de la Dirección de Asuntos Ambientales de la Fiscalía, explicó que si bien ese organismo no puede obligar al organismo de aplicación de la ley –la Secretaría de Ambiente y Ordenamiento Territorial– a realizar este paso legal, la sugerencia es muy precisa.

La postura de Difonso
Pinto también advirtió sobre el pedido de inconstitucionalidad de la ordenanza municipal 1678/17, por la que el Municipio de San Carlos prohíbe las fumigaciones en su territorio, que se solicitará un Recurso de Inconstitucionalidad para esta.

La explicación es que un municipio no puede ir por sobre una decisión del Gobierno de Mendoza.

El intendente Jorge Difonso se declaró sorprendido por la noticia y aseguró: "No hemos sido notificados por la Fiscalía, pero en cuanto lo hagan nos juntaremos con el Concejo Deliberante para aclarar cuáles son las medidas a seguir. Por lo pronto, reconocemos al Fiscal de Estado como autoridad administrativa y legal de la provincia".

Uno de los posibles escenarios es que el Concejo Deliberante decida darle de baja a la ordenanza, por lo que la judicialización no tendría sentido.

Otro es que desoigan las sugerencias y continúen el reclamo, pero en este tipo de situaciones se trata de buscarle una "decisión salomónica" al asunto.
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