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jueves 11 de enero de 2018

En dos años, el Gobierno afirma que recortó el uso de casi 2.000 celulares

Dicen en el Ejecutivo que fue por una política de restricción que impide abrir un cargo sin aprobación del gobernador.

Por tercer año consecutivo el gobernador de Mendoza Alfredo Cornejo se guarda y no presta la lapicera que le da poder para autorizar nuevos contratos de locación o incorporaciones de personal a planta permanente, adicionales salariales por mayor dedicación o misiones especiales, la firma de convenios, la compra de bienes de capital y hasta la asignación de nuevas líneas telefónicas móviles.

A través de un decreto provincial, el Nº2.544, el mandatario prohibió habilitar el gasto en cualquiera de estos rubros, salvo que él lo autorice, lo que obliga los ministros de su gabinete a elevar el pedido al gobernador a la hora de requerir servicios de locación, demandar una nuevo teléfono celular oficial costeado por el Estado y autorizar una paga extra, entre otros pedidos.

Si no está el sí del mandatario con su rúbrica el pedido es rechazado. Todo pasa por él sin excepción, afirman en el Gobierno de Mendoza, previo un exhaustivo control en el Ministerio de Hacienda, que le filtra una serie de controles.

Estas formas de centralizar la toma de decisiones diarias siempre son polémicas y no son exclusivas del actual gobierno.

En la época de Celso Jaque, todo pasaba por Alejandro Cazabán antes de convertirse en realidad.

Tales metodologías se convierten a veces en un obstáculo para la fluidez en las decisiones que demanda una gestión gubernamental, pero en el Barrio Cívico afirman que no es el caso, y hacen gala de que gracias a esta forma de trabajo consiguieron achicar el gasto y obtener un ahorro importante para este año.

Casi dos mil teléfonos menos
La directora de Presupuesto del Ministerio de Hacienda, Paula Allasino, lo reflejó a modo de ejemplo en una cifra: "Cuando llegamos en 2015 había 6.084 teléfonos móviles oficiales operativos y hoy esa cantidad se redujo a 4.103 aparatos".

En total, quitaron 1.981 teléfonos que a juzgar de la gestión no hacían falta o habían dejado de cumplir su función.

La restricción del uso de los teléfonos oficiales alcanza a todos, desde el Poder Ejecutivo hasta la línea de los directores.

Sin embargo, los aparatos móviles llegan a manos con mejor rango dentro del Estado que cumplen tareas diarias que demandan la necesidad de un teléfono oficial. Esa es la razón por la que hay poco más de cuatro mil equipos funcionando.

"La mitad están en manos del Ministerio de Seguridad (léase "policía")", indicó Allasino.

"Allí los necesitan para desplegar su tarea diaria. También se habilitan para aquellos que los ministros consideran que necesitan esa herramienta para hacer su trabajo".

El decreto regla detalles finos como que quien deje su cargo y tenga un teléfono oficial deberá devolver el aparato en 30 días: "A la línea se le da de baja de inmediato", explicó Allasino, por cuya dirección pasan todos los pedidos antes de llegar a manos del gobernador.

La funcionaria también señaló que "en los últimos dos años los contratos de locación (temporales) se redujeron el 45%, es decir, hay 1.246 contratados menos".

Destacó que "gracias a este procedimientos hemos logrado presentar en 2018 un presupuesto con superávit operativo y el control que realizamos nos permitió ahorrar una suma importante de dinero para usar para el actual presupuesto".

Los requisitos del sí
Allasino detalló que "los pedidos que ingresan de los ministerios son controlados en la Dirección de Presupuesto. Además de que se verifican ciertas cuestiones formales, hay otras exigencias: tiene que haber fondos para afrontarlos, tiene que estar presupuestado, y la recaudación tiene que venir en el ritmo previsto. En esas condiciones llega a manos del gobernador y él decide".

Ejemplificó que "si la recaudación está en baja, directamente no se autoriza el pedido. Tampoco si no cumple alguna de las otras condiciones".

Para que se entienda la diferencia, otras gestiones de gobierno se han manejado avalando los gastos que se solicitaban de cada ministerio bajo la premisa de que es parte del funcionamiento propio de la gestión sin que estas potestades de los ministros tuvieran que ser puestas bajo la lupa de un gobernador.

Aunque el decreto 2.544 arranca diciendo en su artículo uno todo lo que se prohíbe, en realidad trae bajo la manga un régimen de excepciones, que quedan bajo dominio del gobernador quien se reserva su decisión final para aceptar o rechazar.

Es decir, el mandatario impone una serie de prohibiciones para controlar a sus ministros pero no se ata las manos a sí mismo sino que concentra en su poder la decisión final sobre el manejo del gasto.
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