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lunes 29 de enero de 2018

El gobernador de Mendoza quiere este año la nueva Justicia laboral

El Gobierno busca tener aprobado un Código Procesal Laboral actualizado y moderno antes del 1 de mayo.

La reforma del Código Procesal Laboral de Mendoza es la última estación (junto con la ampliación de la Suprema Corte) a la que el gobierno de Alfredo Cornejo quiere avanzar para concluir, según los propios conceptos del Barrio Cívico, un cambio definitivo y modernizador en la Justicia mendocina.

Es por eso que los legisladores radicales, bajo el comando de la Subsecretaría de Justicia, se pondrán de lleno en febrero a terminar el proyecto de reforma del Código Procesal Laboral para que antes del 1 de mayo esté presentado, debatido y si se puede, sancionado.

El gobierno de Mendoza no reformará la leyes laborales, porque no puede hacerlo, ya que es competencia del Congreso de la Nación.

Pero sí pueden reformar los procedimientos judiciales que establecerán cómo se discute un conflicto laboral entre la patronal y un trabajador en los tribunales laborales.

Esa es la reforma que la gestión de Cornejo puede hacer y que no podrá escapar del debate y la alta repercusión pública, porque cualquier cambio puede ser interpretado como que favorece a los empresarios o a los trabajadores.

Mientras en el bloque radical de la Cámara de Diputados, el ahora legislador y ex subsecretario de Trabajo de Mendoza, Gabriel Miró, está a cargo de la preparación del proyecto, toda su redacción y aprobación final dependerá del subsecretario de Justicia Marcelo D'Agostino, que liderará la iniciativa, claro está, siempre con la bendición del gobernador Cornejo.

La idea en el Poder Ejecutivo es redactar el proyecto de ley y presentarlo públicamente para que sea sometido a debate y a la opinión del Colegio de Abogados, de los jueces laborales y el mundo académico.

El Gobierno ya viene con la experiencia a cuestas de haber reformado el año pasado el Código Procesal Civil, que finalmente se aprobó.

En aquella ocasión, se formó una comisión que lideró el ahora presidente de la Corte, Jorge Nanclares, junto con un grupo de jueces y especialistas de todos los sectores políticos, profesionales y académicos interesados en lo que allí se definiría.

Sin embargo, la reforma del Código Procesal Laboral no se hará así: el Gobierno presentará la propuesta y después vendrá del debate.

Por ahora, en el Ejecutivo no quieren dejar trascender los detalles del mismo hasta que no esté todo listo.

Pero, en general, los ejes de la reforma buscarán, según confían desde el oficialismo, mayor celeridad de resolución en las causas, herramientas para avanzar en acuerdos y evitar largos juicios y una reforma de la gestión judicial que permita que estas metas se cumplan y los casos no se extiendan cinco años o más.

Que dicen en la Justicia
En el Poder Judicial están a la espera de ser consultados o de que el proyecto finalmente aparezca para poder dar la discusión.

Al respecto, en tribunales, algunos especiaslistas piensan que no sería conveniente introducir una gran cantidad de cambios, porque como dijo un magistrado en "off" a Diario UNO, "a grandes reformas uno encuentra grandes resistencias".

Entienden que tiene que imperar una visión práctica, con un puñado de modificaciones que consigan los objetivos perseguidos.

Entre ellos, por ejemplo, resaltaron no aumentar la cantidad de tribunales laborales (Cámaras del Trabajo), pero sí incrementar la cantidad de jueces de esos tribunales, que actualmente tienen tres por cámara, con la idea de avanzar a algo similar al sistema de los tribunales de gestión asociada en material civil, donde fueron fusionadas las estructuras administrativas individuales de cada juzgado, en una sola que tramita las causas de todos esos jueces que antes tenían su propio equipo.

También creen que hay que resolver las reglas de intervención de los peritos y cómo cobran sus informes.

Conciliación laboral obligatoria
Una de las herramientas que generó gran polémica en el ámbito del derecho del trabajo local fue la instrumentación de la conciliación laboral obligatoria, que impone a los involucrados en un juicio realizar una audiencia previa de conciliación antes de entablar una demanda definitiva. Las partes están obligadas a realizar la audiencia, pero no a conciliar. Si fracasa, van a juicio.

Desde el Gobierno, propulsor de esta metodología, se indicó que está dando resultados, pero no dieron cifras.

Consultado por Diario UNO, el abogado laboralista y también conciliador en estas audiencias (no puede ejercer los dos roles en el mismo acto), Emiliano Martí dio fe del impacto positivo de la conciliación laboral obligatoria: "En al menos los casos que llevo yo, el 70% de ellos los resolvimos en estas audiencias y no hubo necesidad de ir a un juicio".

El letrado señaló: "No manejo estadísticas, pero sí veo que en hay un alto índice de resolución en esta nueva instancia, que está funcionando desde diciembre".

Destacó: "Para sorpresa de todos, hemos notado muy buena predisposición de los empleadores y de los empleados, a pesar de que muchas veces llegan con un alto nivel de conflictividad previa que hay que trabajar".

Martí recalcó: "En los hechos prácticos, el sistema está funcionando y dando resultados".

La conciliación laboral obligatoria, cuya legalidad ya ha sido cuestionada con recursos de inconstitucionalidad, busca alentar el acuerdo entre las partes en conflicto y reducir la cantidad de juicios que llueven en las inundadas Cámaras del Trabajo.
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