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lunes 18 de diciembre de 2017

Declaraciones juradas: la Provincia sigue sin nombrar un auditor general

La recepción de esos documentos la continúa haciendo Fiscalía de Estado, de oficio, pero no quiere seguir con esa tarea ya que hay una ley que le quita esa función

Cuatro meses han pasado desde que el proyecto de ética pública, presentado por la senadora Daniela García (UCR) y Ernesto Mancinelli (LDS), se convirtió en la Ley Provincial Nº8.993. La misma fue publicada en el Boletín Oficial 20.170.816 y desde ese momento comenzó a regir. Entre otras cosas, movía las declaraciones juradas de los funcionarios desde la Fiscalía de Estado hacia un órgano del Poder Legislativo denominado Oficina de Investigaciones Administrativas y Ética Pública, que no sólo se encargaría de estos documentos sino también de todo lo relacionado con el acceso a la información. La oficina estaría a cargo de un auditor general, cuyo nombre debía ser propuesto por el gobernador de la provincia, Alfredo Cornejo, puesto que necesita acuerdo del Senado.

Sin embargo, nada se sabe del nombre del auditor, como tampoco del decreto reglamentario que significaría que la ley entró en vigencia.

Por esto, las declaraciones juradas de los funcionarios siguen siendo presentadas, al igual que sus modificaciones, en la Fiscalía de Estado de la provincia, organismo que desde que se sancionó la ley ya no debería tener en su radio de acción esta documentación, pero lo sigue haciendo de oficio hasta que se decida quién quedará a cargo de controlar las DDJJ de los legisladores, ediles y proveedores del Estado.

Qué opinan los legisladores
En tanto, los senadores Daniela García y Ernesto Mancinelli coincidieron en que no ha habido ningún avance al respecto desde agosto pasado fecha en que lograron la ley.

En ese sentido, García dijo que "si bien la ley no establece plazos para que se nombre al auditor, sería bueno que ya estuviese el pliego en Legislatura para poder estudiarlo".

Por su parte, Mancinelli aseguró que después de aprobar la ley, no tuvieron más noticias de que desde el Ejecutivo vaya a enviarse la propuesta. Hicieron hincapié en que si bien ya no pertenecen a la Fiscalía de Estado, los empleados de esta entidad reciben la documentación en tiempo y forma.

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