Diputados pampeanos rechazaron cualquier posibilidad de diálogo con el gobierno mendocino por el conflicto del río Atuel y apostaron todo a la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
No conformes con eso, volvieron a presionar al Poder Ejecutivo de esa provincia para que inicie una segunda demanda en contra de Mendoz,a ya que la actual fue interpuesta por un abogado particular.
Un documento legislativo dio cuenta del compromiso que toma la Cámara de Diputados luego de conocerse el fallo por el que la CSJ se declara competente y emplazó a la provincia de Mendoza.
Aunque la bancada del Frepam firmó el documento conjunto de la Legislatura provincial, apoyando lo que se considera el "nuevo escenario en la lucha por recuperar los caudales del río Atuel", fue más allá al consignar -en forma separada- que era necesario "apurar al Poder Ejecutivo Provincial para que inicie una nueva demanda a la Provincia de Mendoza y al Estado Nacional, más allá de las acciones y/o resultados que deriven del fallo motivo del documento".
Este martes, la Cámara de Diputados de esa provincia, según el diario La Arena, difundió un comunicado firmado las autoridades de ese cuerpo donde refieren "a la buena noticia" de que la demanda que presentaron los abogados Miguel Palazzani y Andrés Gil Domínguez, solicitando la distribución equitativa de los caudales del río Atuel en nuestra provincia ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, tuvo respuesta favorable de parte del alto tribunal".
Dice el Poder Legislativo que se trata de un "gran paso, de máxima importancia para La Pampa que viene sufriendo desde hace 66 años el corte de las aguas del Atuel de forma unilateral por parte de Mendoza, situación agravada por la construcción del complejo los Nihuiles, por parte de la Nación en su territorio".
Antecedentes
Agrega que "es muy importante el fallo de la Corte, ya que apoyándose en el convenio marco interprovincial del año 2008, en un todo de acuerdo al exhorto de la sentencia de la misma del año 1987, suscripto entre ambas provincias y la Nación, requiere una serie de informaciones a las tres partes involucradas, las cuales deben resolverlas en un plazo de sesenta días".
Recuerda el comunicado que nuestra provincia "siempre actuó en el marco de lo que la Corte mandó en su fallo original, que repetidas veces y en distintos gobiernos se celebraron convenios y protocolos de entendimiento, como así también formamos parte de la CIAI y delineamos en forma conjunta, proyectos y planes para restablecer el equilibrio fluvioecológico y ambiental, cuyos plazos y compromisos Mendoza nunca cumplió. El último incumplimiento fue el del convenio marco tripartito de agosto de 2008".
Fue la misma Cámara de Diputados la que sancionó por unanimidad la ratificación del convenio marco a los pocos meses de firmado, pero Mendoza nunca lo hizo. La Legislatura también sancionó por unanimidad una resolución por la que se solicitó al gobernador de La Pampa "que iniciara una demanda ante la Corte Suprema de Justicia contra la provincia de Mendoza, para exigir un caudal del río Atuel para nuestra provincia, apoyándose en términos ambientales, de violación al derecho humano al agua y en la necesidad de recuperar y recomponer la desertización causada en nuestro oeste territoriano".
Compromiso
Desde el Poder Ejecutivo se expresó también el compromiso de "seguir en la senda trazada desde hace años por otras composiciones de esta Cámara de Diputados, y a cumplir con lo que dijimos a pocos días de haber asumido el presente período de gobierno. Hoy ya es tarde para pensar en arreglos y comisiones interprovinciales. El no respeto a los plazos y a no cumplir con los compromisos asumidos los ha agotado totalmente".
La situación de Mendoza
El gobierno mendocino, por su parte, insiste con la política de diálogo del gobernador Francisco Pérez, pero al mismo tiempo prepara la estrategia judicial para el momento en que sea notificado por la Corte provincial.
En ese sentido, el secretario legal y técnico, Francisco García, anticipó que Mendoza aducirá que hace, al menos, cinco años, se está en crisis hídrica por lo que puede garantizar el agua para todos sus regantes.
Además, se adjuntará el hecho de que la legislatura mendocina nunca ratificó el acuerdo de 2008, por lo que este no está vigente, pero, que a pesar de eso, la provincia ya lleva alrededor del 60 por ciento de las obras comprometidas hechas y otras se encuentran en carpeta.
