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sábado 28 de octubre de 2017

Confirman negligencia en la rotura del helicóptero

Así lo dijo en su dictamen la Inspección General de Seguridad. Piden la suspensión de los pilotos, quienes no podrán ser despedidos.

Aunque aún está pendiente de resolverse su situación, los dos pilotos preparados en Alemania para operar el fabuloso Eurocopter E145 bimotor, que le costó a Mendoza 9,8 millones de dólares, no podrán ser despedidos de la fuerza policial por haber roto el motor de la aeronave durante una maniobra de rutina.

La reparación de la avería del helicóptero provincial ya costó 2,6 millones de pesos y todavía faltan algunos gastos más para terminarla.

La máquina esta fuera de operaciones desde marzo pasado, cuando sufrió la rotura a manos de los pilotos especializados.

Negligencia

Si bien en el Gobierno de Mendoza no les faltan ganas de cesantear a los uniformados, echarlos de la fuerza se tornaría casi imposible, según explicaron off the record a Diario UNO distintos especialistas, porque la ley lo establece.

El obstáculo está en que la Inspección General de Seguridad (IGS) determinó en la investigación administrativa que todo fue por una acción negligente, un error humano.

La Ley de Policías 6.722 establece cuáles son las sanciones para acciones negligentes y en ningún caso dispone el despido del efectivo.

En la sanción propuesta por la IGS en su dictamen se revela tal conclusión: sugiere que se castigue con 35 días de suspensión (el máximo previsto) a Walter Quiroga y 21 días a Omar Mondeja, quien además de piloto como su colega es el director del Cuerpo de Aviación Policial.

No es un capricho de la IGS sino lo que se esclareció en la instrucción del sumario administrativo, que descartó sabotaje o mala intención.

Sin detalles finos hasta ahora, lo que se dice en los ámbitos de seguridad es que los policías se saltaron algún paso (uno o más) del estricto protocolo de procedimiento del Eurocopter, lo que provocó la rotura de dos módulos del motor.

Una versión indica que los técnicos pudieron obtener información de la máquina, que guarda en un registro todo el procedimiento realizado.

Allí se descubrió que hubo pasos del protocolo que se saltaron al momento de arrancar la máquina para tomar vuelo.

En el sumario administrativo también se realizó una inspección ocular a pedido de los propios involucrados, que querían demostrar que había sido una desgracia y no una maniobra malintencionada.
Con especialistas y los miembros de la IGS se comprobó que se había cometido un error.

El dictamen de la IGS está en la Junta de Disciplina del Ministerio de Seguridad, que tiene que decidir una sanción para Quiroga y Mondeja y luego enviarle el expediente al ministro Gianni Vennier para que la ratifique o rectifique.

Según fuentes gubernamentales, si todo ha sido como la IGS lo ha concluido, el castigo no pasará de los días de suspensión ya dispuestos.

En medio, una gran paradoja sacude el caso: ambos policías son los únicos de los seis pilotos de la fuerza certificados para volar el Eurocopter, con lo cual el Gobierno tendría que acudir a ellos nuevamente para volarlo o preparar a otros pilotos que puedan obtener la certificación.

De hecho, si la sanción final fueran los días de suspensión que sugirió la IGS, cumplido el castigo estarían habilitados para manejar la nave, pero eso no va a ocurrir.

El Ministerio de Seguridad ya contrató un nuevo piloto, que trabajó para Presidencia de la Nación, está certificado para volar la nave, tiene la aprobación de la ANAC (Administración Nacional de Aviación Civil) y además es instructor de vuelo, lo que permitiría preparar a los otros.

Demandados

El Ministerio de Seguridad tiene toda la intención de hacerles juicio a ambos policías para que paguen los $2,6 millones del arreglo del motor.

Para eso tiene que iniciar una demanda civil por Fiscalía de Estado.

Aunque iniciar el juicio es posible, cobrarlo sería casi imposible porque seguramente los efectivos no tienen ese patrimonio y si tienen algún bien es altamente probable que cambien la titularidad para que no sean embargados.

De forma inmediata, la única chance que tiene Fiscalía de Estado es embargarles el sueldo, hasta 20%, lo que los tendría pagando eternamente el arreglo.
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