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domingo 03 de junio de 2018

Cárceles desbordadas: de 4.800 presos, 1.007 duermen hoy en el piso

En mayo la ocupación rompió el récord y llegó al 127%, lo que supone que donde deberían alojarse 100 internos hay 27 más. Las pulseras electrónicas son una opción para descomprimir.

Las históricamente superpobladas cárceles de Mendoza rompieron en mayo un triste récord: llegaron al 127% de ocupación, lo que significa que en donde debieran alojarse 100 presos, hay hoy casi 30 personas más. Es por eso que de los más de 4.800 reos alojados en los distintos penales, hoy 1.007 duermen en el suelo, llevando al límite el hacinamiento que tantos dolores de cabeza le trajo al Estado mendocino, incluso con cuestionamientos internacionales.

Para entender el crecimiento de esta superpoblación valga poner de ejemplo el caso de Almafuerte: se construyó en 2007 para albergar a 650 internos, pero se le fueron adosando colchones en los lugares más insospechados, y hoy pasan sus noches allí 1.578 condenados, casi el triple de lo previsto.
Una alternativa a este hacinamiento podría ser incrementar la aplicación del sistema de pulseras electrónicas utilizables para la prisión domiciliaria, que se puede dar para casos de delitos menores, sobre todo en la provincia, en donde el promedio de condenas aplicadas es de 3 años y 2 meses.

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Además, apostar a este sistema le costaría al Estado un tercio de lo que hoy sale mantener a un preso en un penal.

Reflejado en cifras: actualmente el alojamiento de un recluso (que supone el costo de la comida, los servicios básicos en la cárcel y el pago del personal que lo custodia) le cuesta a la Provincia alrededor de $17.000 al mes, mientras que mantener el sistema de pulsera electrónica tiene un costo de $186 por día, lo que al mes suma $5.580.

Sin embargo, en Mendoza hay en estos momentos 500 pulseras (400 fueron aportadas por la Nación), que alcanzan para aplicarlas al 10% de la población carcelaria, que se divide entre 4.817 que están en los distintos penales y 480 que están monitoreados con esas pulseras. Así y todo, nuestro sistema penitenciario es, después del bonaerense, el que más pulseras usa en el país.

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"Este nivel de hacinamiento es consecuencia de la alta tasa de encarcelamiento que hay en la provincia.
Aquí se apresa a 267 personas por cada 100.000 habitantes , lo cual supera ampliamente la media nacional, que es de 180 personas por la misma cantidad de habitantes. Y esto en particular aumenta cuando entran en vigencia cambios en el sistema penal, como por ejemplo las reformas en la prisión preventiva. Desde junio del 2016, cuando se sancionó, hasta la fecha la población carcelaria aumentó en 785 internos, sin que haya crecido a la par la capacidad de los penales para alojar a esos internos. Este nivel de crecimiento no es sostenible y así es difícil que esos internos accedan a trabajar, estudiar o a los servicios básicos de salud", analizó Sebastián Sarmiento, juez penal colegiado, quien estuvo al frente del sistema penitenciario durante el gobierno de Francisco Pérez.

A ese crecimiento habría que sumar el impacto de otros tantos cambios en la Justicia, como la creación de las fiscalías especializadas que se concretó en febrero pasado. "Cuando se destinan fiscales especializados a investigar determinadas causas, pasa que se activan algunos expedientes dormidos y muchos terminan en detenciones, como sucedió por ejemplo con las fiscalías de violencia de género", contó una fuente penitenciaria con varios años en el sistema.

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Puntualmente ese pabellón 5, con sus tres plantas y dos alas, surgió con capacidad para 130 internos y en la actualidad tiene casi el doble: 230 presos, aunque según las autoridades penitenciarias "en estos días se redistribuirían unas 50 personas de las alojadas".

Construir una cárcel por año
Desde el 2012 en adelante la población carcelaria local creció en promedio unos 400 internos por año. Para albergar a esos convictos y evitar el hacinamiento actual habría que construir una cárcel por año, lo que claramente no sería ni económico ni sustentable para el Estado mendocino.

"El hacinamiento es un problema con el que lidiamos en todas las cárceles del país, y en muchos casos la Justicia hace un uso indebido del encarcelamiento, con lo que contribuye a eso. Al pensar en las alternativas para que eso baje hay que saber que más allá del costo, construir una cárcel demora unos 1.000 días, con lo cual si un mandatario no hace la lectura correcta de la evolución de la población carcelaria se le pasa el mandato sin poder terminar una cárcel, por eso es necesario un plan quinquenal, que es lo que estamos ejecutando ahora", apuntó Eduardo Orellana, director general del Servicio Penitenciario.

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El funcionario acotó: "En Mendoza hay buenos sistemas de encarcelamiento primario y deberíamos mejorar el trabajo de las colonias; de cualquier manera el sistema de pulseras electrónicas es una alternativa viable para que descienda el hacinamiento, el tema es que la Justicia lo entienda así y las aplique".

En cuanto a la infraestructura, el sistema penitenciario sumó en el 2016 la Unidad de Agua de las Avispas, una pequeña cárcel para mujeres que ingresan por primera vez a un penal, con capacidad para 20 personas.

A eso se sumará en el futuro la pospuesta cárcel federal, que según voces oficiales se encuentra en el 70% de ejecución de obra y que tendría capacidad para 560 presos federales. Hoy hay 580 convictos federales alojados en los penales mendocinos, pero como se trata de un penal regional, a ellos deberán sumarse los que provengan de San Juan y en menor medida de San Luis, con lo cual apenas se inaugure ya estará saturada. Para ese penal llegarían en breve 186 camas.

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En tanto, el penal Almafuerte II se proyecta en el mismo predio que Almafuerte I, pero aún no se comienza la obra.

La pulsera electrónica ya tiene monitoreo propio
Actualmente, el Servicio Penitenciario divide las 500 pulseras electrónicas con las que cuenta: 400 son para internos que cumplen el régimen de prisión domiciliaria y las 100 restantes para salidas eventuales de quienes ya cumplieron más de la mitad de la pena y tienen buena conducta.

Las destinadas a prisión domiciliaria tienen un dispositivo que programa y mantiene activo el perímetro autorizado para moverse, y las de salidas transitorias cuentan con un sistema de georreferenciación que permite grabar el recorrido que hará el reo y su destino.

"Es un sistema confiable de control de los internos. Hoy nos permite saber si ese preso se movió dos pasos del perímetro establecido y obviamente si se la sacó o hubo una falla eléctrica. Es más, desde hace tiempo el sistema ya tiene monitoreo propio en el 911, por lo cual en el momento en que surge la falla se activa la llamada al celular conectado al equipo y por el dato de ubicación se deriva un móvil policial, como ocurrió en el caso del crimen de Norma Carleti. El sistema ya tiene director propio y un equipo de abogados, médicos y trabajadores sociales", apuntó Eduardo Orellana, responsable del Servicio Penitenciario, develando la importancia del sistema.
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