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miércoles 23 de mayo de 2018

Atuel: Mendoza y La Pampa tienen 90 días para acordar

Lo decidió la Corte Suprema de Justicia de la Nación, para resolver el conflicto que lleva 70 años por las aguas del río. El Estado nacional también deberá facilitar la solución amistosa

La Corte Suprema de Justicia fijó un plazo de 90 días para que el Estado nacional y las provincias de Mendoza y La Pampa lleguen a una solución en el conflicto por el uso del caudal del río Atuel. Dentro del mismo plazo el Estado nacional y ambas provincias deberán indicar "el porcentaje de los costos de las obras que cada jurisdicción afrontará".

En el acuerdo, el máximo tribunal ordenó además que, en caso que las partes no lleguen a un acuerdo, "deberán informar las razones que lo expliquen".

Además, advirtió de que "de no alcanzarse ninguna solución acordada por las tres jurisdicciones, esta Corte definirá el curso de las acciones ulteriores".

"En el intercambio entre las tres jurisdicciones deberá tomarse en cuenta la propuesta presentada por la provincia de Mendoza, el 9 de mayo de 2018", consignó otro de los puntos dispositivos de la resolución.

Para tomar esas determinaciones, la Corte recordó que el 20 de febrero último venció el plazo de 30 días que había fijado en diciembre de 2017, "sin que las provincias involucradas hubieran llegado a una solución" sobre el manejo de las aguas del río Atuel, un conflicto que ya lleva varias décadas.

La resolución fue firmada por el presidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti, y los ministros Elena Highton, Juan Carlos Maqueda, Horacio Rossati y Carlos Rosenkratz.

La Pampa reclama el "cese del daño ambiental" que, según sus autoridades, provoca Mendoza con el "uso abusivo" del río "durante más de 70 años".

"A La Pampa le robaron un río", sostuvo, en una audiencia celebrada el año pasado, el gobernador de esa provincia, Carlos Verna, para quien "hay soluciones", pero "falta colaboración" y "no hay buena voluntad" por parte de las autoridades de Mendoza.

En esa misma audiencia, el mendocino Alfredo Cornejo señaló que la actual pretensión de La Pampa es similar a la resuelta por la Corte en 1987, y que "desde entonces Mendoza se mantuvo siempre abierta a una negociación de buena fe, que atienda los intereses de ambas partes".

Otros representantes de esa provincia recalcaron entonces que "no se puede distribuir lo que no hay", en referencia al agua cuya "escasez" le atribuye su vecina, a la que le reprochan "falta de inversiones" en obras.

La Pampa promovió la demanda invocando el "derecho humano al agua", para que "se declare la presencia de daño ambiental", como consecuencia de supuestos incumplimientos de Mendoza a la sentencia de la Corte de 1987. Y pretende que su vecina pague una indemnización por daños y perjuicios.
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