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miércoles 16 de mayo de 2018

Ahora será la DGE la que podrá sancionar a los docentes

El titular de la cartera, Jaime Correas, le quitó poder a las Juntas de Disciplina.

A la directora de una escuela primaria mendocina la denuncian por un supuesto uso de dinero escolar para beneficio propio. Las acusaciones, que datan de 2010, indican que con la tarjeta de débito que se le daba para manejar los fondos que el Estado enviaba a su escuela retiró $70.000 que no pudo justificar. Ante la denuncia, calificada de irregularidades administrativas, la Junta de Disciplina de la DGE la suspendió sólo 29 días, ella regresó al colegio y dos años más tarde se la trasladó a otro cargo, pero siguió administrando fondos hasta el 2014. El caso es tan emblemático que la comunidad escolar le atribuye también haberse quedado con un piano, al mejor estilo Antonio Cafiero.

Este llamativo caso y 29 más del Nivel Primario, en donde las sanciones de la Junta de Disciplina habían sido exiguas en situaciones que reunían pruebas como para una exoneración, y otros en los que quedó al desnudo cierta persecución política de algunos docentes sancionados a los que la Justicia había sobreseído trascendieron días atrás y Diario UNO tuvo acceso al registro.

Seguramente con esta información y alguna más que llegó a su escritorio ayer el director general de Escuelas, Jaime Correas, esgrimiendo que no se estaba respetando el Estatuto Docente que crea las Juntas de Disciplina y otorga la potestad a quien lidere la DGE para abrir un sumario, aplicar medidas preventivas y sanciones; emitió un memorándum pidiendo a las juntas que se le informen de todas las decisiones que se tomen allí de ahora en adelante y ajustará sus competencias.

La medida, que los integrantes del SUTE –es parte de las citadas juntas– definieron como intervención, generó rispideces incluso dentro de los sectores sindicales, ya que desde CTA acusó al mismo Sebastián Henríquez, secretario general del SUTE, de ser "cómplice de la intervención" (ver aparte).

"Desde 1985 el Estatuto Docente define la creación de las Juntas, tanto las disciplinarias como las Juntas Calificadoras, pero en 2009, en la paritaria se decidió incluir la modificación de la conformación de las Juntas, que pasaron de tener 5 integrantes a tener 10, de los cuales 3 eran representantes del Gobierno, otros 3 del gremio y 4 docentes independientes. En esa paritaria también se pretendió sacar las atribuciones del director de la DGE, que es quien puede abrir un sumario y aplicar las sanciones disciplinarias y dárselas a la junta, pero este punto no se homologó en la Legislatura cuando la paritaria se convirtió en ley, por lo cual eso sigue vigente y es lo que está reclamando ahora el director Jaime Correas", explicó Francisco Fernández, director de Asuntos Jurídicos de la DGE.

Según el abogado, se dio con esta irregularidad, que se naturalizó desde el 2009, luego de que una docente se quejara ante Correas porque llevaba 6 años con un sumario abierto y sin resolución de la Junta de Disciplina de Secundaria. Con esa sanción en suspenso, la mujer no pudo ni cambiar de cargo ni jubilarse.

"Los cambios le permitían al sindicato administrar sanciones a discreción, porque coparon a los docentes independientes, tenían mayoría y beneficiaban a quienes estuvieran políticamente con ellos", dijo.

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