LAS COIMAS K Miércoles, 8 de agosto de 2018

Coimas K: Valenti continuará tras las rejas

El ejecutivo de IMPSA está imputado por asociación ilícita y decidió desde el lunes hablar y dar su versión de los hechos

Tras entregarse el sábado por la noche, el mendocino Francisco Rubén Valenti ya lleva dos días declarando ante el juez federal Claudio Bonadio. Arrancó el lunes por la tarde y ayer continuó por más de ocho horas, y seguirá detenido. La declaración del ejecutivo de IMPSA (Industrias Metalúrgicas Pescarmona SA) pasó totalmente inadvertida en el ruido mediático porteño, donde los grandes medios están ocupados con los detenidos de mayor renombre.

Valenti realizó una movida de ajedrez a la hora de elegir quién lo defenderá ante los hechos por los que lo investigan el juez Bonadio y el fiscal Carlos Stornelli en representación del Ministerio Público Fiscal, en el caso de los cuadernos de las coimas. El ejecutivo de Pescarmona contrató los servicios del renombrado penalista Marcelo Gustavo Nardi, quien conoce de cerca al fiscal de la causa, el histórico Carlos Stornelli, quien lleva adelante la acusación.

Stornelli fue entre 2007 y 2010 ministro de Seguridad del ex gobernador Daniel Scioli y el ahora abogado defensor de Francisco Valenti integró aquel equipo del ministro Stornelli, quien lo convocó como el subsecretario de Formación y Capacitación de las fuerzas policiales.

El patrocino del penalista Marcelo Nardi supone que Valenti podría tener un canal de contacto más abierto y fluido con el fiscal Stornelli que otros acusados y sus respectivos abogados.

Marcelo Nardi litigó en uno de los casos criminales más polémicos y conmocionantes del país. Fue el abogado defensor de Carlos Carrascosa, quien fue acusado, luego condenado y finalmente declarado inocente por el asesinato de María Marta García Belsunce, representante de Missing Childrens en Argetina.

El actual defensor de Francisco Valenti es de reconocida trayectoria, especialista en derecho penal y criminalidad empresarial y jefe del departamento de derecho penal en el estudio Ortiz&Asociados, del que es socio.

En 1983 se desempeñó como funcionario en la Justicia nacional. Fue juez sustituto del Tribunal Oral Criminal N°17.

Con este abogado defensor que ha trabajado junto a quien ahora es el fiscal de la causa, Valenti empezó a declarar desde el mismo lunes, lo que es toda una novedad.

Normalmente los abogados defensores prefieren que sus clientes se abstengan hasta ver los detalles de la acusación, lo que implica estudiar el expediente y luego planificar qué va a decir el acusado ante el juez.

Sin embargo, Valenti, imputado por el delito de asociación ilícita, que prevé penas de 3 a 10 años de cárcel, decidió hablar cuando todavía no llevaba ni 48 horas preso.

Desde los tribunales porteños dejaron trascender que no está declarando en calidad de arrepentido.

El interrogante no descifrado es si busca a mediano plazo ese fin o por el contrario si se está defendiendo con sus propios argumentos y aportes de las acusaciones en su contra.

A Valenti, como al resto de los imputados de integrar la asociación ilícita junto con los ex funcionarios de la década kirchnerista, los acusan de participar más bien de un circuito de retornos y no tanto de coimas, el cual se valía de fondos públicos para enriquecerse a costa del Estado.

Concretamente, el Gobierno nacional licitaba obra pública cuyos presupuestos se sobrevaluaban a partir de un presunto acuerdo previo con las empresas que ya habían sido elegidas de antemano para ganar la licitación.

Adjudicadas las obras, el Estado les pagaba a los contratistas el monto total, escalonado en varios certificados de obra.

Sin embargo, los empresarios no podían quedarse con todo. La diferencia, entre el valor real de mercado y lo que se había presupuestado en la licitación, no era dinero de ellos sino que debía retornar a los funcionarios comandados desde el Ministerio de Planificación de la Nación, dineros que se dicen terminaban en manos del matrimonio Kirchner.

Es como facturar un servicio privado al Estado al doble de lo que vale, en donde el prestador cobrará el costo real y la diferencia se la queda el funcionario corrupto y todos felices.

En este caso, el valor total sobrevaluado iba a los empresarios, porque la salida legal a los fondos tenía que estar justificada.

Los empresarios tenían luego que regresar la diferencia con retornos. De qué modo lo justificaban en su contabilidad, al parecer, era un problema de ellos y no de quienes les habían otorgados las obras.

Esa es la hipótesis que se investiga en el juzgado de Bonadio, donde también se habría detectado el pago de coimas para destrabar la liquidación de certificados de obras.

Mientras tanto, en IMPSA se muestran oficialmente ajenos a la situación judicial de quien fuera hasta la semana pasada miembro del directorio y que ahora tiene licencia por tiempo indeterminado.

Desde la compañía afirman que no están al tanto de los pasos judiciales de Valenti, que consideraron como puramente personales. También desconocen si Enrique Pescarmona, acudirá o no a la Justicia, ya que no está en la conducción de IMPSA.

Corrió cierto rumor de que Pescarmona podía ser citado pero hasta ahora no está imputado en el caso.

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