Este jueves la Fiscalía solicitó la elevación a juicio oral y público en la causa por el asesinato de Norma Carleti (59), la empresaria tunuyanina acribillada a puñaladas en su domicilio.
El fiscal del Valle de Uco, Jorge Quiroga, entendió que ha finalizado la etapa de investigación primaria y que el caso debe pasar a la siguientes instancia: un juicio que, por la calificación del hecho, será bajo la modalidad de jurado popular.
Los acusados son el exlegislador Leonardo Hisa, ex pareja de Carleti y sindicado como autor intelectual; Juan Carlos Guerrero, un empleado de Hisa e imputado como partícipe primario; y sus dos hijos, Kevin y Alexis Guerrero, como autores materiales.
La calificación es homicidio agravado por mediar violencia de género y por promesa remuneratoria, delito que prevé la única pena de prisión perpetua en caso de ser encontrados culpables.
Juan Carlos Guerrero intentará cambiar su situación procesal ya que confesó extraoficialmente haber participado del hecho y tiene intenciones de declarar para vincular a otras tres personas -un diputado provincial, un empresario y una mujer- como partícipes en planear el asesinato. Esto fue rechazado en las últimas semanas pero podría darse durante el debate.
Más allá de la decisión del fiscal Quiroga, este viernes serán notificadas las partes y empezará a correr el plazo para que presenten apelaciones a la elevación a juicio, algo que probablemente ocurra con los defensores y que alargará la fijación de una fecha para comenzar el debate.
El caso
La empresaria Norma Carleti fue asesinada durante la noche del domingo 5 de marzo de 2018 en su casa de República de Siria y Almirante Brown, Tunuyán. Recibió más de cincuenta puñaladas que terminaron con su vida en el acto. Los asesinos huyeron del lugar sin sustraer un sólo elemento.
Hay cuatro implicados: Hisa, como autor intelectual del crimen, Juan Carlos Guerrero, como nexo con los homicidas, y Kevin y Alexis Guerrero, los hijos, como autores.
Hisa está detenido en su propia casa con tobillera electrónica luego de padecer problemas de salud mientras estaba en la Penitenciaría.
La tesis de la Fiscalía sostiene que Hisa contactó a Guerrero padre, a quien conocía por motivos laborales, y les pagó dinero a sus hijos para ultimar a su expareja, con quien tenía problemas económicos por la división de bienes tras la separación.