Editorial - Carlos Menem Carlos Menem
miércoles 06 de junio de 2018

No se olviden del Carlo´

Cambiemos busca sacarle los fueros a Cristina. Menem, en cambio, no corre el mismo peligro.

Por estos días el oficialismo busca que el Senado nacional trate el desafuero de la ex presidenta Cristina Kirchner.

Es por la causa del memorándum con Irán, sobre todo ahora que la Cámara Federal ya dictaminó que al ex fiscal Alberto Nisman –investigaba el atentado a la AMIA– lo mataron tras haber denunciado a la ex mandataria de querer dar protección a los autores de dicho acto criminal.

Sin embargo hay otro ex presidente sentado en la Cámara de Senadores de la Nación que también tiene graves problemas en la Justicia y sin que sus fueros estén amenazados: Carlos Menem.
El riojano tiene dos sentencias en su contra: una a siete años de prisión y otra a cuatro años y medio de prisión. Tiene sobre sí un pedido de condena en proceso y otro juicio que comenzará en estos días.

El diario digital A24.com recordó ayer que el nuevo juicio que Menem enfrentará esta semana es por la venta de un predio estatal a la Sociedad Rural.

Junto con él estarán en el banquillo el ex ministro de Economía Domingo Cavallo, ex funcionarios del menemismo y miembros de la Sociedad Rural Argentina.

Los acusan de peculado, por haber malvendido en 1991 el predio ferial de Palermo que pertenecía al Estado.

Por aquella operación –relata A24.com– se pagaron 30 millones de dólares cuando el predio costaba como mínimo 131.800.000 dólares.

En su acusación el fiscal Carlos Stornelli manifestó que aquella venta a la Sociedad Rural "revela quizás uno de los más nefastos móviles que pudo haber tenido el ilícito cometido y parece haber encubierto un millonario negocio bajo un manto de furia rematadora en pos de la emergencia económica que atravesaba el país", por lo que se pedirá la devolución del terreno.

Menem tiene dos condenas sobre sus hombros que no están firmes y una inminente sentencia en donde se definirá si recibe una tercera. ¿De qué se tratan?

Una, por la venta ilegal de armas a Croacia y Ecuador. Otra, por los sobresueldos que cobraban sus funcionarios y que se descubrió cuando María Julia Alsogaray fue acusada de enriquecimiento ilícito y ella justificó sus ingresos con estos pagos en negro.

El tercero es por encubrimiento en el atentado a la AMIA.
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