Editorial - Mendoza Mendoza
lunes 06 de noviembre de 2017

Los tiempos apremian

La nueva Ley de Tránsito recibió el 1 de agosto media sanción del Senado. Diputados aún no trata el proyecto.

El proyecto de la nueva Ley de Tránsito de Mendoza lleva más de tres meses de tratamiento en la Legislatura.

El 1 de agosto, la Cámara de Senadores le dio media sanción y a partir de ese momento la iniciativa quedó frenada en Diputados por divergencias con la oposición, principalmente relacionadas con el financiamiento que deberán afrontar las comunas a raíz del traspaso de la policía vial a sus jurisdicciones.

Tras un intenso debate en comisiones, se estima que este miércoles podría ser tratado en la Cámara Baja.

Para el oficialismo se trata de una legislación clave –enviada por el gobernador Alfredo Cornejo– para regular el tránsito y frenar la cantidad de accidentes graves, que ya superaron los del 2016: en lo que va del año hubo 168 víctimas fatales contra 135 de todo el período anterior.

Entre otras cosas, la futura legislación plantea el endurecimiento de las sanciones (inhabilitación) para quienes reinciden en infracciones graves. En estos casos, no será suficiente el pago de una multa –más allá de lo abultado del monto–, sino también la imposibilidad de conducir por un tiempo determinado e, incluso, la realización de un curso de manejo como si se tratara de la primera vez (examen teórico de por medio).

Quizás con este régimen de sanciones, muchos mendocinos tomen conciencia del manejo y se conduzcan por las calles respetando las normas, algo que habitualmente no sucede si cualquier persona se detiene a mirar a su alrededor. De hecho, las autoridades de Seguridad Vial han detectado que una de las causas más habituales de los accidentes con lesiones leves es la falta de atención por usar celular.

Del otro lado, la velocidad es el factor más importante al evaluar los motivos de los siniestros con muertos en las rutas. El resultado del 2017 ha sido el siguiente: menos choques, pero más violentos.

El principal impedimento para que el proyecto se destrabe en Diputados es el financiero, porque los intendentes aseguran que no tienen los fondos suficientes para tener su propia policía vial y juzgados de tránsito. Como único sostenimiento económico, el Estado les cede el cobro de las multas. El problema es que muchos municipios no tienen ninguna estructura para su implementación. Y la creación de estas instancias más la capacitación del personal, les insumirá recursos con los que no cuentan.

En este escenario, ¿existirá un espacio para el diálogo por el bien de los mendocinos?
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