Editorial - Mendoza Mendoza
lunes 23 de abril de 2018

Lo barato sale caro

La Corte ordenó pagar $1,5 millones a un policía preso sin pruebas. "La mafia policial" fue un fiasco judicial.

El reciente fallo de la Suprema Corte de Justicia que condena al Estado de Mendoza a indemnizar con $1,5 millones a un ex policía detenido hace 18 años invita a reflexionar seriamente acerca de la calidad de la investigaciones criminales y del tratamiento judicial posterior.

El cabo Felipe Gil Fernández, de él se trata, estuvo preso 1.465 días (poco más de 4 años) por estar acusado en seis causas penales.

Al máximo tribunal de Mendoza llegó la información documentada de que no sólo no fue condenado en ninguna, sino que en cinco el Fiscal de Cámara no lo acusó frente al tribunal de sentencia por no haber encontrado las pruebas necesarias que exige la ley vigente para tal acción. Conclusión: la investigación penal preparatoria que derivó en su encarcelamiento no tenía las pruebas necesarias para hacerlo. En la sexta causa, el tribunal lo absolvió por el beneficio de la duda por pruebas endebles.

En el año 2000 (sí, hace 18 años) Gil Fernández fue uno de los detenidos por el caso llamado públicamente "la mafia policial", ocurrido durante la gobernación de Roberto Iglesias (1999-2003) y que determinó una purga en las filas policiales.

El doble crimen de Zambrano y Rodríguez también fue otro caso espeluznante de la época. Sin embargo, y con el bajar de la espuma del comienzo, "la mafia policial" llegó a los tribunales y terminó convirtiéndose en un show de dimes y diretes y de acusaciones "de oídas" y de testigos que decían no haber visto nada ni escuchado nada.

Y en la Justicia, le guste a quien le guste y le disguste a quien corresponda, lo que no puede demostrarse y sostenerse con pruebas firmes (testimoniales, peritajes, exámenes químicos, etc.) a través del tiempo, no sucedió.

Y por ende, no hubo delito. Dijeron los supremos Pérez Hualde, Adaro y Gómez en el fallo que benefició al ex policía: "Existió dilación indebida de los procesos y arbitrariedad del auto de procesamiento y que ambas encontraban su causa en el irregular procedimiento de la instrucción. (...) Si bien la persecución del delito y la imposición de penas hacen a la función de administrar justicia, propia del Estado, ello no significa que no deba reparar los daños ocasionados a una persona que luego de ser privada de libertad fue absuelta".

En síntesis: los errores se pagan. Y a los equívocos de aquellos jueces los pagamos todos, con la plata de todos.
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