Por la posibilidad de viajar y hacerlo con una mirada más relajada y contemplativa, las vacaciones suelen ser una buena ocasión para apreciar de otra forma las numerosas caras que ofrece un país tan extenso y singular como el nuestro.
Ver, por caso, la falta de una política caminera que unifique criterios en cuanto a señalización, construcción, refacción y mantenimiento de rutas, instalación de peajes, postas de servicios y, sobre todo, que dé garantías de seguridad.
Hay trayectos de más de 50 kilómetros donde no hay ni un solo cartel indicador y no porque, como ocurre en las zonas urbanas hayan sido destruidos por vándalos, sino porque no se invierte para colocar una referencia esencial para la ubicación del viajero.
No todo el mundo tiene GPS que le indique por dónde circula. Imaginemos un turista extranjero atravesando extensos tramos de un país que no conoce, sin la posibilidad siquiera de consultarle a un lugareño o en una estación de servicio, ya que estas se encuentran muy distantes unas de otras.
Los puestos de peajes son, por lo general, poco más que una máquina de recaudar. Salvo para responder a algún problema mecánico puntual, el aporte es escaso.
Hay que ver el pésimo estado de varios de los tramos concesionados para comprobarlo.
Muestra de las avivadas típicas de los comienzos de años son las estaciones de servicio que sólo cargan pagando en efectivo.
No importa si además de consumir combustible, la familia compra en su drusgtore a precios que superan toda lógica inflacionaria.
Saben que la próxima opción para llenar el tanque está a unos cuantos kilómetros y juegan con esa carta a su favor. No hay Defensa del Consumidor que les ponga la lupa y juegue alguna vez a favor del cliente de paso.
La consigna es sacarles el máximo jugo a las vacaciones ajenas. No importa si el damnificado en cuestión es un trabajador que ahorró todo el año para su merecido descanso.
El impuesto del relax, ese que nunca apareció en el Boletín Oficial, debe tributarse en un largo ida y vuelta.
Ni hablar de si un alud no previsto obliga, por ejemplo, a desembolsar hasta $100 por una pequeña botella de agua como pasó en Mendoza.
Así, no hay plan económico -nuevo o viejo- que les ponga coto a estos desatinos.
