La investigación incluyó unos 50 allanamientos en las ocho provincias donde se utilizaron las facturas y, al evaluar la participación de Balmaceda, el fiscal consideró que fue jefe y organizador "de una organización o asociación compuesta por tres o más personas habitualmente destinada a cometer, colaborar y coadyuvar a sendos delitos de evasión tributaria".
Para el fiscal existió "una verdadera organización delictiva" destinada "a la generación y comercialización de facturas apócrifas -que documentaban operaciones inexistentes-, a su vez destinadas a favorecer la evasión de impuestos por parte de los usuarios de las mismas -quienes serían los clientes de la organización delictiva-, mediante el cómputo de créditos fiscales y/o gastos espurios e indebidos, respaldados con aquella documentación impositiva apócrifa". .
Las usinas "confeccionaban facturas, remitos, recibos y demás documentación de índole contable-impositiva, la cual luego comercializaba a gran escala, por lo que se hallaba destinada a cometer, colaborar y coadyuvar en la evasión de impuestos".
Asimismo, la fiscalía detectó que la organización se "extendió sus ‘productos’ por distintas provincias del país, coadyuvando y facilitando a través de su actuación habitual y sostenida en el tiempo, evasiones tributarias multimillonarias".