Por Natalia Sosa Abagianos
@natiabagianos
Los últimos casos de linchamientos ocurridos en varias provincias del país han vuelto a dividir a la sociedad en dos bandos. Los que los defienden y los justifican, y lo que los critican y rechazan desde todo punto de vista. Por supuesto, la clase política no ha quedado ajena a este debate público y sus principales referentes han salido a dejar en claro sus posturas, muchos aprovechando para pegarle al Gobierno acusándolo de ser el responsable de los hechos de violencia ante la ausencia del Estado. Una mirada bastante simplista de una problemática más que profunda como es la inseguridad.
Otra vez se escucharon con fuerza las voces que alientan “la mano dura” y las de que claman que “hay que matarlos a todos” cuando se trata de delincuentes. Muchos, incluso, sumaron toda su ira y la canalizaron a través de las redes sociales, que se han convertido en un verdadero caldo de cultivo de los pensamientos más primitivos si tenemos en cuenta que vivimos en una sociedad democrática. Porque mal que les pese a algunos, el único poder de policía lo tiene el Estado, a través de la Justicia, y cualquier reprimenda contra un delincuente será penada por la ley. A este punto se refirió uno de los ministros de la Corte Suprema, Eugenio Zaffaroni, quien aclaró que en el linchamiento que llevó a la muerte de un joven en Rosario no existió ningún tipo de ajusticiamiento. Todo lo contrario, “se trata de un homicidio calificado para el que el artículo 80 del Código Penal establece una condena de 30 años de prisión”, expresó el juez.
Zaffaroni protagonizó un duro enfrentamiento con el líder del Frente Renovador, Sergio Massa, a quien tildó de “vendepatria” por haber vinculado estos hechos a la falta de acción del oficialismo. “Para enfrentar a quienes viven al margen de la ley y violan o rompen el pacto de convivencia, el desafío es construir un Estado que, a través de la Justicia y de sus fuerzas de seguridad, dé respuesta al deseo de los habitantes de vivir en tranquilidad”, reclamó el ex intendente de Tigre, quien sumó el respaldo de otros caciques massistas quienes se encargaron de atacar a Zaffaroni. Lo calificaron de “falso prócer del derecho” y le pidieron que se comporte de manera ecuánime teniendo en cuenta su figura.
El referente del PRO, Mauricio Macri, tampoco se quiso quedar afuera de la polémica, pero remarcó que no estaba de acuerdo con los ataques salvajes de los vecinos hacia los supuestos ladrones. Ni para él ni para Massa la solución a la creciente delincuencia pasa por el camino de la “justicia por mano propia”.
Ambos reclamaron mayor presencia del Estado y de las fuerzas de seguridad para evitar que el salvajismo se convierta en una moneda corriente. Y lo peor es que sea tomado como algo natural por los propios protagonistas.
Me pregunto qué tendrían que hacer entonces las abuelas, madres, hijos y nietos de desaparecidos ante la presencia de los supuestos genocidas, muchos de los cuales están siendo juzgados en la actualidad acusados de cometer delitos de lesa humanidad. Cada uno de ellos aguarda paciente, que se haga justicia y que cada uno de los 38 imputados –entre ex policías, ex integrantes de las Fuerzas Armadas y ex jueces mendocinos– reciba la condena que se merece. La que marca la ley.
