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Un paso más en un largo camino

Por Carlos Hernández Columnista de UNO

Para mitigar el duelo es necesario que los represores confiesen dónde están los cuerpos de los desaparecidos (hijos, padres, hermanos, primos, tíos, sobrinos, amigos, conocidos). Las víctimas se merecen una sepultura digna y los deudos aliviar tanto dolor.

La destrucción provocada por los personajes más oscuros de nuestra sociedad sigue siendo tema todavía hoy a 37 años del comienzo de la cruenta dictadura militar que asoló nuestro país y devastó el aparato productivo, consagrando la especulación financiera, mientras imperaba la Doctrina de la Seguridad Nacional en el marco de la guerra fría. El terrorismo comenzó incluso antes del golpe cívico-militar, cuya junta encabezaron Videla, Massera y Agosti, con Martínez de Hoz a cargo de la ejecución del plan económico. La represión había arrancado con el accionar de la Triple A, comandada clandestinamente por el Brujo López Rega durante el gobierno de Isabel.

Los tristes sucesos argentinos no fueron datos aislados en una región donde predominaban los regímenes militares que supieron articular el Plan Cóndor para ser eficaces en la represión de los perseguidos que lograban cruzar las fronteras.

Con la caída de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final se abrió la posibilidad de estos juicios que están concluyendo con condenas a los protagonistas de los secuestros, torturas, vejámenes y desapariciones de hombres y mujeres en su mayoría comprometidos con la creencia de que un país más justo era posible. Entre las víctimas se cuentan quienes creían que las condiciones eran propicias para la acción armada, otras que fueron secuestradas por tener vínculos filiares o de otra índole con los perseguidos, hubo reprimidos por ser militantes y masacrados simplemente por pensar. Hay quienes sufrieron atropellos porque sí. El denominador común era ser sospechoso de “algo” para ser carne de cañón de los dictadores y de todos sus cómplices.

Poco a poco se va logrando justicia, pero todavía falta, porque hay causas pendientes, prófugos y responsables aún impunes.

Secuestros, tormentos, violaciones, persecuciones, listas negras, cesantías, expulsiones, exilios, robo de bebés, muertes, desapariciones, eliminación del Estado de derecho y, en definitiva, delitos de lesa humanidad configuraron las características del genocidio impuesto por el terrorismo de Estado. Hay culpables con nombre y apellido, quienes están siendo condenados en juicios que se sustancian con todas las garantías constitucionales. Aquí vale reconocer el esfuerzo de los jueces, fiscales y abogados comprometidos con la verdad y, fundamentalmente, de los organismos de derechos humanos.

De tanto reiterar sobre el asunto y de machacar sobre el accionar delictivo, no hay que caer en las abstracciones genéricas. Detrás del juicio que suma diez condenados en Mendoza hay víctimas concretas, con historias de vida, cuyos familiares y amigos mantienen latente el dolor, sin ánimo de venganza pero sí de justicia. Las causas que ayer fueron sentenciadas tienen como víctimas de privación ilegítima de la libertad a: Ángel Bustelo, Roberto Vélez, Oscar Guidone, Martín Lecea (fallecido) y el niño Martín Alcaraz, y de desaparición a: Blanca Graciela Santamaría, Ángeles Gutiérrez de Moyano, Roberto Blanco, Miguel Poinsteau, Oscar Ramos, Oscar Daniel Iturgay, Juan José Galamba, Ramón Sosa, Gustavo Neloy Camín, Mario Guillermo Camín, Raúl Oscar Gómez, Víctor Hugo Herrera, Juan Carlos Romero, Daniel Romero, Margarita Dolz, Antonia Adriana Campos de Alcaraz, José Antonio Alcaraz (estos últimos padres del niño Martín antes mencionado), Néstor Carzolio, Nélida Tissone, Alberto Jamilis, Rodolfo Vera, Walter Domínguez y Gladys Castro (embarazada de seis meses).Ayer, en coincidencia con las sentencias, fue presentado el friso que había sido dañado, frente a Tribunales, y mañana señalizarán como Sitio de la Memoria el ex centro clandestino de detención D2.

Símbolos que ayudan a no permanecer indiferentes.