José Luis [email protected]
Aunque los gobernadores pueden aliviar condenas gracias a la Constitución, ¿estudió Lafalla en 1999 que beneficiaba a un asesino y violador de chicos?.
Aunque los gobernadores pueden aliviar condenas gracias a la Constitución, ¿estudió Lafalla en 1999 que beneficiaba a un asesino y violador de chicos?.
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No puedo dejar de pensar qué motivación habrá tenido Arturo Lafalla en 1999, ya en sus últimos meses como gobernador de Mendoza, para rebajarle la condena al asesino y violador de niños que ayer fue recapturado en Rivadavia.
Sé perfectamente que la Constitución provincial le confiere a quien sea primer mandatario de esta provincia la potestad de acortar sentencias judiciales, a modo de perdón o de guiño y con vista a la reinclusión social de los condenados. Pero el caso de Pedro Américo Fernández no es uno más, es excepcional, porque durante el verano de 1991 sembró el terror en la zona Este, mató y violó a un chico de 14 años, sometió sexualmente a otros varones y destrozó a varias familias para siempre.
Insisto, el caso de Fernández no es uno de ésos que puedan pasar inadvertidos cuando un gobernador recibe en su despacho una petición de conmutación de pena. De hecho, en 1991, apenas seis meses después de haber cometido sus tropelías, Fernández –quien había sido detenido en San Juan– fue condenado por la Tercera Cámara del Crimen a reclusión perpetua. Para decirlo en criollo: a pasar 25 años en la cárcel, sin beneficio alguno, como las salidas transitorias a las que accedió.
Sin embargo, me cuesta comprender por qué Lafalla le otorgó la rebaja de la pena (a prisión perpetua, es decir a 20 años en la cárcel para acceder a beneficios) cuando el asesino y violador de niños cumplía recién, apenas, el octavo de los 25 años de condena judicial.
¿Tan débiles fueron los fundamentos de la ejemplar sentencia condenatoria unánime de los camaristas Salvador Arnal, Roberto Martínez y Luis Palazzo? ¿Tan poco representaron los dichos de las víctimas, quienes declararon que Fernández las engañó, como al chico asesinado, con darles un trabajo o ubicarlos en un equipo de fútbol y después las sometió, siempre en el mismo descampado de la zona Este, previo amenazarlas con un lazo hecho de alambre de viña?
¿Habrá leído Lafalla en 1999 la carpeta de antecedentes del asesino y violador serial de chicos Pedro Fernández antes de concederle la quita de la pena? Quiero creer que sí. No sólo porque la chance de rebajar condenas judiciales implica una responsabilidad social enorme que emerge del mandato popular que le fue conferido en las urnas, sino también porque Lafalla no es contador, ingeniero ni docente, sino que es abogado. ¿Y quién mejor que un abogado para conocer las leyes y avenirse a los fallos judiciales y respetarlos? ¿Y quién mejor que un gobernador para estar rodeado de los mejores asesores que puedan aconsejar y advertir de que se está a punto de cometer una injusticia irreparable?
Se veía venirNo crea, Lafalla, que tengo animosidad contra su figura. Nada más lejano. Pero estoy convencido de que rebajando la pena del violador Fernández cometió, en 1999, un daño a largo plazo. De hecho, el domingo 19 de marzo de 2000, cuando Diario UNO publicó la polémica decisión oficial, se advertía de que Fernández, gracias a la quita oficial, podría acceder a las salidas transitorias de la cárcel a partir de 2010. Los permisos se concretaron y la semana pasada Fernández no regresó al penal de Almafuerte, donde fue uno de los primeros habitantes, justamente, por su extrema peligrosidad.
El daño a largo plazo finalmente se produjo durante la semana que pasó, cuando el Este provincial supo que Fernández, aquel violador serial y asesino de chicos al que muchos creían muerto –ya que así les hicieron creer por años–, estaba vivo y no había regresado a la prisión. La familia del ultimado Daniel Romero Gavlosky volvió a sentir el terror de aquel trágico verano del 91, cuando les entregaron el cadáver del chico. Y muchos mayores de hoy y jóvenes de aquella época sintieron miedo, ése que sólo provocan la impunidad y la injusticia.
¿Política o conciencia?Muchos gobernadores de Mendoza, de diverso signo político, conmutaron penas de cárcel a toda clase de prisioneros. Roberto Iglesias rebajó la condena de dos de los cinco denominados asesinos del Parque. Felipe Llaver perdonó a homicidas de mujeres que también fueron violadas y en la dictadura se le alivió la pena de prisión a la pareja que mató al profesor Avelino Maure en 1969.
Tengo claro que la Carta Magna local permite que los gobernadores perdonen parcialmente a quienes violen las leyes que rigen el orden social y afecten la vida y los bienes de los demás.
Pero también tengo claro que muchos gobernantes podrían contestar con un “no” a tiempo con sólo escuchar a su conciencia.