WASHINGTON– La gran pregunta siempre presente en el debate presupuestario de Washington es si
nuestros políticos electos recuperarán el gobierno de manos de la AARP, la organización de 40
millones de personas que representa a los jubilados y casi jubilados. A pesar de todas las bravatas
partidarias que rodearon la publicación, la semana pasada, del presupuesto para 2012 propuesto por
el presidente Obama, éste refleja un antiguo consenso bipartidista de no amenazar a los ancianos.
Los programas para los ancianos, principalmente el Seguro Social y Medicare, no han sido
tocados. Con una población que envejece, dejar que tantos gastos sean intocables inevitablemente
significa elevar los impuestos y reducir los gastos de Defensa y otros gastos internos, desde el
FBI hasta la asistencia universitaria.
El poder es la capacidad de obtener lo que uno quiere. Sugiere que uno controla los
acontecimientos. Según esas normas, la AARP, y no los presidentes ni los miembros del Congreso,
controla la política presupuestaria del gobierno. Obama expresa que debemos "ganar el futuro", pero
su presupuesto (y, hasta ahora, también el de los republicanos) ganaría el pasado y perdería el
futuro.
La masiva deuda federal continuaría creciendo porque, sin restringir los gastos de los
jubilados, no hay vía a un presupuesto balanceado. La infraestructura cada vez más vieja
(carreteras, aeropuertos) no sería reparada. La red de protección social para los pobres, que ya
está tensionada, recibiría aún más presión. Recortaríamos los gastos de Defensa mientras las
fuerzas armadas de China se expanden. Todo esto es una locura. No es el programa de un país
interesado en su futuro.
Pero es nuestro programa. Observen el presupuesto de Obama. Bajo sus propuestas, los gastos
federales anuales se elevan de 3,7 billones de dólares en 2012 a 5,7 billones de dólares en 2021.
El Seguro Social, Medicare y Medicaid (los tres beneficios principales) dan cuenta del 60% del
aumento proyectado de 2 billones de dólares. Los pagos más elevados de los intereses sobre la deuda
–principalmente un reflejo de la incapacidad de controlar los grandes beneficios– dan cuenta de
otro 31%. En conjunto, eso representa un aumento del 91%; el resto del gobierno equivale al 9%.
En verdad, cuando se corrige según la inflación proyectada y el crecimiento de la población,
el resto del gobierno se reduce. Un cuadro en el presupuesto de Obama muestra este aspecto con
claridad. De 2012 a 2021, los gastos de "seguridad" anuales (Defensa y Seguridad del Territorio)
bajarían 21% después de los ajustes de inflación y población. Los gastos discrecionales de no
seguridad (un título que incluye de todo, desde control del tráfico aéreo, espacio,
reglamentaciones y mucho más) caerían 24%. Otros "derechos" (estampillas para alimentos y cosas de
ese estilo) declinarían 4%. Mientras tanto, el Seguro Social se elevaría 27% y Medicare, 3%.
La AARP envía a sus representantes al Capitolio y a seminarios de diversos think tanks, donde
éstos fingen ser "razonables" mientras frustran toda modificación del Seguro Social y Medicare. Las
expectativas de vida más elevadas y los ahorros privados significan que las edades requisito
podrían haber sido elevadas gradualmente y que se podría haber reducido los beneficios para los
jubilados más ricos. El Congreso, teniendo en cuenta una propuesta de una comisión de 1983,
lentamente elevó la edad requerida para recibir los beneficios plenos del Seguro Social de 65 a 66
años (y a 67, mucho más tarde). Poco más de importancia se ha hecho.
El resultado es que todo esfuerzo para controlar los gastos debe concentrarse en una pequeña
parte del presupuesto (de una séptima parte a un poco más de una tercera, incluyendo Defensa). Los
republicanos de la Cámara han recortado muchos programas agudamente, algunos con sensatez y otros
no. Obama está haciendo lo mismo, aunque menos drásticamente.
Pero la AARP establece en general las prioridades. Su poder deriva del temor que inspira a
senadores, congresistas, presidentes y candidatos políticos. Temen ser atacados y rechazados por
hordas de ancianos airados, furiosos por una posible pérdida de beneficios y movilizados por la
AARP. La pregunta de si todos estos beneficios se necesitan o son merecidos no puede formularse,
para no hablar de responderse. Es imposible promulgar una reorganización importante de Medicare que
podría controlar nuestros descarriados gastos.
El problema es que esta interesada falta de atención no funcionará. La matemática
presupuestaria no da; se deja fuera demasiado. El presupuesto propuesto por Obama para 2012 es
instructivo. A pesar de impuestos más altos –alrededor de 10% por encima del promedio de 1971-2010–
y de agudos recortes en Defensa y gastos discrecionales internos, el déficit permanece en lo que se
estima son 774.000 millones de dólares, alrededor de 3% de la economía. Y eso supone "pleno empleo",
una tasa de desempleo del 5,%. Para 2021, los déficits anuales continuados elevarían la deuda
pública a casi 19 billones de dólares, de 9 billones en 2010. Por tanto, la posibilidad de una
crisis financiera, desencadenada por niveles de deuda no manejables, sobreviviría aún si el
presupuesto de Obama se adoptara.
Nadie quiere despojar a ancianos necesitados de sus beneficios esenciales. El Seguro Social,
Medicare y Medicaid proveen de protecciones fundamentales a millones de familias más pobres y de
mayor edad. Pero para muchos norteamericanos relativamente saludables y seguros económicamente,
estos programas constituyen una asistencia social para la clase media.
Como sociedad, debemos redefinir qué beneficia a la población y qué no. Ésa es la tarea de
nuestros líderes políticos. Obama ha dicho repetidamente que él abordará los "beneficios", pero no
ha hecho nada. Volvió a hacer esa promesa la semana pasada.
Los republicanos del Congreso también se comprometieron la semana pasada a proponer cambios
de beneficios. Veremos si esas promesas se cumplen o si el poder continúa siendo derivado a la
AARP.
