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La defensa irrestricta de nuestros glaciares no se derrite

A la gente se le da por insistir en ciertos temas en los que entiende no ha sido debidamenteescuchada. Y hace bien en no rendirse. Me invitaron a sumarme a un grupo de facebook –reducto

tecnológico que canaliza hoy por hoy gran parte de las expresiones ciudadanas- que defiende la ley

de glaciares, que se manifiesta a favor de que los miles de kilómetros de nieve y agua que se

extienden a lo largo y ancho de la Cordillera de los Andes se mantengan a resguardo de la voraz

depredación humana y, para peor, ¡foránea! En pocas horas el grupo sumó a unos 500 adherentes, en

muy pocas, no más de tres.

La historia de la primera ley de glaciares es realmente notable. Marta Maffei, la histórica

dirigente docente que llegó a la Cámara de Diputados de la Nación de la mano de Elisa Carrió,

presentó en 2007 un proyecto de protección del área glaciar y periglaciar de la Argentina que ponía

límites concretos a la explotación minera en las áreas cercanas a los glaciares. Ese mismo año el

proyecto obtuvo un inédito acompañamiento de todos los bloques legislativos en diputados. Más tarde

se convirtió en ley con el apoyo, también unánime, de los senadores nacionales. La presidenta

Cristina Fernández, ejerciendo un derecho que la asiste pero en un acto al menos polémico por el

tenor de la ley, vetó la norma retrayendo todo nuevamente a foja cero.

En su veto adujo razones de defensa de las economías regionales y contempló, según dijo,

pedidos de gobernadores de zonas cordilleranas y una sugerencia de la secretaría de Minería de la

Nación. Las tres cosas son objetables. Por un lado deberíamos preguntarle a un mendocino, por

nombrar sólo a una provincia, qué pasaría si un día se agota el agua que traen nuestras montañas

para saber si realmente la defensa de las economías regionales está en proteger o desproteger a los

glaciares. En segundo lugar, los gobernadores sean de la zona que fueren, no pueden arrogarse para

sí el derecho de decidir sobre un recurso natural y escaso como es el agua por sobre el derecho de

todos a tenerla y protegerla. En tercer lugar la secretaría de Minería no debería inmiscuirse en un

asunto que es eminentemente medioambiental y que hace a la subsistencia del hombre por sobre

cualquier otro interés, mucho menos, el interés económico y, menos aún, la extracción de oro que

termina en el extranjero.

San Juan es una de las provincias en las que la minería a cielo abierto está haciendo

estragos. Vuelan las montañas con dinamita y dejan en su lugar un gran hueco que será por los

siglos de los siglos eso: un gran agujero mirando al cielo. Después, en una mezcla de cianuro y

agua (toman 370 litros de agua por segundo que si siguiesen su curso normal terminarían en casas de

familia, fauna o flora) y separan el material precioso que, se estima, es un gramo por cada cuatro

toneladas de piedra. Allí se forma un dique de cola con esos residuos que imagínese donde termina.

¡Allí para siempre!

Entre los "gobernadores cordilleranos" que sugirieron a la Presidenta vetar la ley se

encuentra José Luis Gioja, gobernador de San Juan e impulsor de las reformas a las leyes mineras y

al código de minería en los '90. Esas normas son hoy el soporte jurídico y legal en el cual se

amparan empresas como la Barrick Gold, que explota entre otros yacimientos el de Veladero y está

comenzando con el binancional Argentina – Chile de Pascua Lama. La familia Gioja posee, entre otros

emprendimientos, la empresa Bentonita Santa Gema, una proveedora de la Barrick Gold. Jorge Mayoral,

secretario de Minería de la Nación y también sanjuanino, fue otro de los consejeros de la

Presidenta para el veto. Mayoral es también empresario vinculado a la minería en su provincia.

En síntesis, dos o tres hombres con claros intereses en sus bolsillos hipotecan el futuro de

millones. No hay excusas. El trabajo que generan las mineras a los lugareños es ínfimo, en áreas

menores como maestranza, vigilancia y limpieza y de bajos salarios, el dinero que le dejan a las

provincias y a la nación es casi inexistente (no llega al 1%) y el daño que causan es irremediable

y permanente. Insistir, no darse por vencidos. El lunes 1 de marzo agrupaciones ambientalistas han

organizado un encuentro para insistir con la ley vetada. Se hará en Rivadavia y Sarandí, a unas

pocas cuadras del Congreso Nacional. Allí estará la Presidenta inaugurando las sesiones ordinarias

legislativas. Una buena oportunidad para expresar que el agua es nuestra, los glaciares son

nuestros, la dignidad ante todo.