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Un fallo de la Corte permitió mayor influencia corporativa en la política de EE.UU.

La absorción corporativa

Por UNO

El 21 de enero de 2010 quedará registrado como un día oscuro en la historia de la democracia deEstados Unidos y su declinación.

Ese día, la Suprema Corte de Estados Unidos dictaminó que el gobierno no puede prohibir que

las corporaciones aporten gastos políticos en elecciones, una decisión que afecta profundamente la

política gubernamental, tanto interna como internacionalmente.

La decisión constituye un heraldo de, incluso, mayores conquistas corporativas sobre el

sistema político de Estados Unidos.

Para los editores de The New York Times, el fallo "golpea el corazón mismo de la democracia"

al haber "facilitado el camino para que las corporaciones empleen sus vastos tesoros para abrumar

las elecciones e intimidar a los funcionarios elegidos para que obedezcan sus dictados".

La Corte estuvo dividida, 5-4, con los cuatro jueces reaccionarios –engañosamente llamados "

conservadores"– acompañados por el magistrado Anthony M. Kennedy. El magistrado presidente John G.

Roberts Jr. eligió un caso que fácilmente pudo haber decidido sobre bases estrechas y maniobró a la

Corte para que fuera usado, con el fin de hacer aprobar un dictamen de grandes alcances, que

revierte un siglo de precedentes de restricción de contribuciones corporativas a las campañas

federales.

Ahora los gerentes corporativos pueden, de hecho, comprar comicios directamente, evitando

medios indirectos más complejos. Es bien sabido que las contribuciones corporativas, en ocasiones

envueltas en paquetes complejos, pueden inclinar la balanza en las elecciones, para así dirigir la

política. La Corte acaba de entregar mucho más poder al pequeño sector de la población que domina

la economía.

La "teoría de inversiones de política" del economista político Thomas Ferguson es un

pronosticador exitoso de la política gubernamental durante un largo período. La teoría interpreta

las elecciones como ocasiones en las que segmentos del poder del sector privado se unen para

invertir en el control del Estado.

La decisión del 21 de enero sólo refuerza los medios para socavar la democracia funcional.

El trasfondo es revelador. En su disensión, el juez John Paul Stevens admitió: "Desde hace

tiempo hemos sostenido que las corporaciones están amparadas por la Primera Enmienda", la garantía

constitucional de libertad de expresión, que incluye el apoyo a los candidatos políticos.

A principios del siglo XX, los teoristas legales y las cortes implementaron el fallo de la

Corte en 1886 de que las corporaciones –esas "entidades colectivistas legales"– tienen los mismos

derechos que las personas de carne y hueso.

Este ataque contra el liberalismo clásico fue rotundamente condenado por la raza en extinción

de los conservadores. Christopher G. Tiedeman describió el principio como "una amenaza a la

libertad del individuo y a la estabilidad de los Estados americanos como gobiernos populares".

Morton Horwitz escribe en su historia legal estándar que el concepto de personalidad

corporativa evolucionó a la par que el desplazamiento del poder de los accionistas hacia los

gerentes y finalmente a la doctrina de que "los poderes de la mesa directiva (...) Son idénticos a

los poderes de la corporación".

En años posteriores, los derechos corporativos se expandieron mucho más allá que los de las

personas, particularmente mediante los mal llamados "acuerdos de libre comercio". Bajo esos

acuerdos, por ejemplo, si General Motors establece una planta en México, puede exigir ser tratada

igual que una empresa mexicana ("trato nacional", a diferencia de que un mexicano de carne y hueso

pudiera buscar "trato nacional" en Nueva York o, incluso, los derechos humanos mínimos.

Hace un siglo, Woodrow Wilson, en ese entonces un académico, describió un Estados Unidos en

el que "grupos comparativamente pequeños de hombres", gerentes corporativos "ejerzan un poder y

control sobre la riqueza y las operaciones de negocios del país", convirtiéndose en "rivales del

propio gobierno".

En realidad, esos "grupos pequeños" se han convertido cada vez más en los amos del gobierno.

La Corte Roberts les da una dimensión aún mayor.

El fallo del 21 de enero llegó tres días después de otra victoria para la riqueza y el poder:

la elección del candidato republicano Scott Brown para remplazar al fallecido senador Edward M.

Kennedy, el león liberal de Massachusetts. La elección de Brown fue presentada como una "reacción

populista" contra los elitistas liberales, que manejan el gobierno.