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Esta semana, el gobernador pareció salir de su característica indefinición en temas clave. La apuesta, intentar cambiar la imagen en los meses que restan.

Jaque juega sus últimas fichas

Por UNO

El martes, Mario Adaro no podía contenerse de lo feliz que estaba.

Y no era para menos: después de meses podía encabezar una reunión de gabinete en el

Ministerio de Gobierno con subsecretarios y todo. Desde marzo que la cartera política funcionaba a

media máquina porque dos lugares importantes, las subsecretarías de Justicia y de Trabajo, estaban

acéfalas.

Avatares del estilo del gobierno de Celso Jaque, el ministro pagó internamente el precio de

haber sido el responsable del armado político y la derrota en las últimas elecciones en Capital. En

medio de una dura paritaria con los estatales y de un recrudecimiento del conflicto con el Poder

Judicial, la cartera de Gobierno funcionó sin un equipo.

El gobernador no confirmó las designaciones para Adaro durante semanas, afectando la gestión.

Hasta que unos días antes del discurso del 1 de mayo en la Legislatura sí lo hizo.

Los nombramientos no sólo sirvieron para que el ministro saliera de otra de sus crisis. Sino

que también fueron la primera señal de que el Gobierno definitivamente comenzaba a ejecutar lo que

se había trazado en febrero, cuando se hizo aquella megarreunión de gabinete en donde además se

produjo la arenga del "motivador" Fabián Pérez y en la que el eje fue que, en los dieciocho meses

que restaba de gestión, esta administración flaca y desgastada se jugaba sus únicas fichas.

Un tema clave. Jaque decidió avanzar en la reestatización de Obras Sanitarias. No hay

antecedentes en Argentina de intervenciones que hayan durado un año, como apunta a durar la de la

empresa mendocina, sin que se noten las consecuencias en las inversiones que requiere la empresa y

que el Estado nunca aportó hasta el momento.

Otro punto. Para sorpresa del mismo involucrado, el mandatario envió el lunes el pliego de

Joaquín de Rosas como postulante a fiscal de Estado. Ese cargo en el organismo de control está

vacante desde hace casi un año y el propio De Rosas, el sábado, no sabía nada de su designación.

Adrián Cerroni, ministro de Hacienda, le pidió el miércoles la renuncia a la directora

General de Rentas, Alicia Chacón. La ex funcionaria arrastra desde 2008 una denuncia por el no pago

del impuesto a los Ingresos Brutos de unas propiedades. Pero quizá allí no habría que buscar el

motivo del alejamiento.

Durante 2008 y 2009, la recaudación si bien creció, lo hizo muy por debajo de los niveles de

otras provincias. Para 2010 se estima que ese crecimiento será 10 puntos por debajo de lo

esperable, lo que para el fisco representa unos $150 millones. Se perdieron meses en la lucha

contra la evasión, que ahora serán muy difíciles de recuperar.

¿La apuesta es la minería?

sobre todos estos movimientos, uno llamó la atención: tras dos años de silencio, el Gobierno

volvió a hablar de minería.

Primero se designó a una directora, Adriana Blesa. Y luego se anunció que se le dará un

fuerte impulso a una actividad en la que Mendoza desapareció del mapa.

El envión seguramente responde a lo que sucede en San Juan. Pero también surgieron presiones

desde Buenos Aires. El Gobierno nacional sigue con atención el futuro del proyecto Huemul, que está

tramitando sus permisos de exploración de uranio en Malargüe.

Ese yacimiento tendría reservas suficientes para abastecer a las centrales nucleares de

Atucha, que hoy se alimenta con el metal importado de Kazajistán a un costo de U$S100 millones

anuales.

Pero todas las señales que se puedan dar chocan contra las pujas en el seno del Gobierno y

fundamentalmente contra la ley. Son conocidas las diferencias en el corazón del gabinete con

respecto a qué hacer con la minería metalífera y no es un secreto que el secretario de Ambiente,

Guillermo Carmona, está lanzado a una candidatura por la gobernación subido a su política de

cuidado del medio ambiente. No por nada a los seguidores del subsecretario y a su línea interna los

llaman "los verdes".

Pero si se llegara a superar esta barrera, queda otra. La Ley 7.772, sancionada durante el

gobierno de Julio Cobos y conocida como "ley antiminera", que bloquea sin más a proyectos como

Huemul. Un impulso a la actividad no puede pasar por otro lugar más que por una modificación de esa

norma.

Si esto sucediese, se revelaría un interés cierto del Gobierno por cambiar el estado de

cosas. Si no, estaríamos ante un nuevo espejismo.

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