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Deuda externa vs Primer Mundo

Los problemas fiscales de Grecia y la revisión a la baja de las calificaciones crediticias hanfacilitado el cierre de algunas operaciones de fin de año a los que apostaban en contra de los

bonos de los gobiernos en peor situación de la eurozona.

También han generado un sinfín de análisis de expertos, aunque, en Europa, casi nadie ha

contemplado la posibilidad del riesgo de impago. La opinión generalizada apunta a que esa situación

es impensable en un país desarrollado. Supuestamente, ese tipo de cosas sólo pasan en países como

Argentina, no en Europa o en EE.UU.

Olvidemos la última frase. Un país desarrollado y avanzado como EE.UU. podría negarse a

reconocer su deuda. Y así lo hizo en 1933. En marzo de ese año EE.UU. aprobó una ley que eliminaba

la cláusula oro de los contratos públicos y privados que prometía el pago del equivalente de oro en

moneda. La propiedad privada de las reservas del oro se ilegalizó y a los acreedores se les dijo

que cobrarían en "moneda de curso legal". EE.UU declaró que el oro de los inversores privados

pasaba de costar 20,67 dólares la onza a u$s 35 la onza. El dólar se devaluó 41%.

Economistas y analistas creen que países como Grecia y España necesitan recuperar la "

competitividad" de su tipo de cambio real a través de una "devaluación interna", es decir,

salarios, pensiones, y recortes de servicios estatales o de una "devaluación externa". En el primer

caso, es la población la que paga; en el segundo, son los acreedores externos.

La cláusula oro no fue simplemente un comunicado de prensa, sino una ley aplicable a todo el

país. Los acreedores habían basado sus decisiones en su supuesta inviolabilidad. Algunos se

limitaron a maldecirla y otros decidieron llevar al Gobierno de EE.UU. a los tribunales. En 1935 el

Tribunal Supremo emitió una sentencia sobre el caso Perry contra EE.UU. El Tribunal invalidó una

ley que intentaba rescindir una cláusula por la cual los acreedores podían exigir el pago en

reservas de oro. Cada vez son más los abogados y autoridades europeos que parecen tener algo más

que un mero interés histórico en Perry. Hay una pequeña comunidad de expertos que saben cómo y en

qué momento se pueden o no presentar demandas contra un Estado. Entre estos se encuentra Lee

Buchheit, del estudio neoyorquino Cleary Gottlieb. El jurista ha representado a estados soberanos

morosos como Irak y Argentina y parece prepararse para otros casos.

¿Cuáles serían las consecuencias reales para un emisor de la eurozona del default de su deuda

soberana? Es decir la incapacidad de realizar pagos de capital e intereses en euros o en deuda

denominada en euros. Se supone que el pago devaluado en dracmas o en nuevas pesetas no es válido

para los acreedores.

Buchheit tiene buenas noticias. Con independencia de la sentencia que dicte un tribunal

nacional, otra corte europea podría "imponer un veredicto según el cual es obligatorio pagar el

equivalente a la deuda". Y, en EE.UU., "el hecho de que un gobierno extranjero haya tomado medidas

para incumplir un contrato no impedirá que los tribunales dicten una sentencia desfavorable". Pero

ocurre que "la lección de la experiencia argentina muestra que muy pocos gobiernos mantienen una

cantidad significativa de activos a su nombre fuera del país y que esos activos suelen gozar de una

protección especial, como en el caso de las embajadas". Y en la mayor parte de los países, los

bancos centrales extranjeros se considerarán "entidades independientes y agentes fiscales, no

deudores".

Buchheit no cree que los países europeos en peor situación se puedan comparar con Argentina.

En algunos casos, sus problemas pueden ser aún más graves. "En Argentina no había el nivel de

préstamos individuales en divisa extranjera que vimos en Islandia, en Hungría o en los países

Bálticos". ¿Y qué hay de los compromisos del Tratado de Maastricht de los miembros de la eurozona

para evitar cláusulas como los controles cambiarios? De hecho, eso fue lo que hizo EE.UU. al anular

la cláusula oro de los bonos emitidos a nivel privado. El Artículo 73 (d) del Tratado sobre libre

circulación de capital dice que ese compromiso ".. no perjudicará al derecho de los estados

miembros ... a adoptar medidas que estén justificadas por motivos de política o de seguridad

pública". ¿Qué significaría en la práctica?. Es probable que acabemos descubriéndolo/John Dizard.