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Desapego por la ley, una marca registrada

Nada es casual en la Argentina de los Kirchner. Cada una de sus acciones está fríamente calculada yresponde a la lógica de que el poder sólo se construye sobre la destrucción de los otros. Y eso es

exactamente lo que se desprende de la letra del decreto con el cual forzaron la destitución de

facto de Martín Redrado como presidente del Banco Central. Como no pudo conseguir que el titular de

una entidad autárquica renuncie, la Presidenta firmó (y le hizo firmar a todos sus ministros, como

si se tratara de una conjura) una resolución en la que simplemente borró un pedazo del artículo de

la carta orgánica del BCRA que participa al Congreso en este tipo de decisiones.

No importó que Redrado haya sido durante estos seis años un funcionario aplicado de los

Kirchner, tanto como vicecanciller como cuando le ofrecieron pasar a presidir el Banco Central.

Bastó una discusión sobre la conveniencia de ajustar a derecho la iniciativa K del Fondo del

Bicentenario con las reservas monetarias para que pasara a ser el peor de los enemigos.

Los Kirchner acuden a varias acepciones para descalificar a los aliados que pasan a ser

enemigos. En las últimas 48 horas se pudieron escuchar en boca de sus voceros: que Redrado era el

representante de intereses económicos antipatrióticos; que era el gran ideólogo del neoliberalismo

o (la que les resulta más atractiva) que era un hombre "de la derecha", virus incurable que

ignoraron durante todo este tiempo que los acompañó en la función pública.

"No me gustó tomar esta decisión", dijo ayer Cristina Kirchner, durante un acto público

posterior a que se conociera el decreto con el que empujó a Redrado del Banco Central. Podrá

haberle gustado o no a la Presidenta, pero el problema es que tomó esa decisión que vulneró la

independencia de la autoridad monetaria y, de paso, le arrancó una potestad al Congreso. La de

compartir con el Poder Ejecutivo la responsabilidad sobre el destino de las reservas que pertenecen

a todos los argentinos.

El sesgo autoritario del decreto generó rechazos en todo el espectro político (desde Mauricio

Macri a Pino Solanas, pasando por Carlos Reutemann) y provocó un escozor en los sectores judiciales

que no se tradujo en medidas concretas sólo por la feria de los jueces en enero. Pero Redrado

presentará en las próximas horas su propio amparo para volver al cargo del que lo removieron y la

Corte Suprema tiene bajo estudio una denuncia del gobernador de San Luis, Alberto Rodríguez Saá,

que le apunta de lleno a la dudosa legalidad de la ofensiva kirchnerista.

El conflicto de poderes está en puerta y el Gobierno, con su desapego explícito por la ley,

ha logrado reunir en su contra a la mayoría del Congreso y a una buena cantidad de jueces que

incluye la creciente desconfianza de los miembros de la misma Corte Suprema que armó Néstor

Kirchner en aquellos días de optimismo que acompañaron su llegada al Gobierno.

La imagen de Redrado, quien no pudo completar los seis años de mandato que los Kirchner y el

Congreso le habían asignado por ley, tal vez sea un espejo en el que deba mirarse el ahora

influyente Ricardo Lorenzetti, el juez santafesino que preside la Corte y al que cada vez miran con

mayor desconfianza los mismos que lo buscaron para refrescar a la Justicia con la independencia que

hoy pasó a ser motivo de sospecha. / FERNANDO GONZÁLEZ - DIRECTOR PERIODÍSTICO DE EL CRONISTA

COMERCIAL