2014: el año del megajuicio por delitos de lesa humanidad en Mendoza
Por UNO
El que comenzó será un año de enorme trascendencia en Mendoza para el esclarecimiento de los crímenes de lesa humanidad cometidos aquí durante el último gobierno de facto.
En poco más de un mes se iniciará el cuarto juicio en la provincia, que –sin desmerecer a los tres anteriores– tendrá una dimensión especial por la cantidad y la condición de las personas que serán juzgadas y por la lista larga de víctimas cuyas causas serán tratadas.
La importancia de las audiencias que se iniciarán el 17 de febrero también se da porque en el sitio reservado para los acusados estarán sentados cinco ex jueces federales que deberán responder por estar sospechados de haber sido cómplices, cada uno en distinto grado. La nómina de ex magistrados que serán sometidos a juicio la encabeza nada menos que Otilio Roque Romano, quien hoy está preso tras haber permanecido prófugo dos años en Chile, desde donde fue extraditado. Luis Miret, Gabriel Guzzo, Rolando Carrizo y Guillermo Max Petra Recabarren son los otros ex miembros de la Justicia federal cuya conducta será juzgada desde el mes próximo. No es un hecho menor que ex magistrados vayan a juicio por delitos de lesa humanidad. Es la segunda vez que ocurre en el país y justamente en Mendoza, provincia en la que abogados, fiscales y familiares soportaron miles de chicanas y retrasos antes de que pudieran comenzar los juzgamientos a quienes participaron en la represión. Ya en Santa Fe fue juzgado y condenado a 21 años de prisión Víctor Brusa. Está conformado el Tribunal Oral Federal, está la fecha y están las causas: son 15, que involucran a 41 imputados y afectan a más de 200 víctimas. No se descarta que puedan sumarse dos casos más. En el megajuicio que se viene se ventilará también lo sucedido en el D2, el centro clandestino de detención más temible que funcionó en Mendoza, en donde actualmente está el Palacio Policial. No hay palabras para explicar el horror vivido allí, sobre Peltier y Belgrano. Secuestros, torturas, violaciones y asesinatos lo convirtieron en uno de los peores lugares en los que podían caer quienes eran llevados forma ilegal o clandestina. Ahora, los responsables –o buena parte de ellos– de esa barbarie tendrán que responder ante la Justicia que eludieron y de la que se rieron y burlaron por tanto tiempo. Dicen que este juicio masivo podría durar un año, quizás un poco más, quizás un poco menos. Como sea, en cada una de las jornadas que las audiencias demanden habrá un acto de justicia relacionado no sólo con el grado de responsabilidad de los imputados y con la condena (o la absolución) que se determine, sino también con el esclarecimiento, con la búsqueda de la verdad y, ante todo, con la reparación a las víctimas, tanto las que sobrevivieron como las que quedaron en el camino. Desde que se iniciaron los juicios por delitos de lesa humanidad en la Argentina, muchos desaparecidos dejaron de serlo porque de alguna manera se los trajo otra vez a la vida al reconstruir qué fue lo que les pasó, quiénes fueron los responsables y, en algunos casos, cuál fue el destino. Una nueva cita con la verdad y la memoria, dentro de la ley y sin rencor, nos espera. Sólo hay que aguardar un poquito más.
