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domingo 19 de noviembre de 2017

Un acuerdo clave para ordenar las cuentas públicas

El Gobierno federal y las provincias han logrado un acuerdo cuyos principales puntos se vislumbran como claves para el futuro de las relaciones económicas y fiscales en el país.

El presidente Mauricio Macri celebró el acuerdo alcanzado por su gobierno con los gobernadores para establecer un nuevo Pacto Fiscal que posibilite un mayor control del gasto público y cambios sobre la presión impositiva a nivel nacional.

El jefe de Estado no dudó en calificar como "histórico" el paso dado para dejar atrás los enfrentamientos crónicos con las provincias por el reparto tributario.

Tal vez sea un poco pronto como para usar ese calificativo, ya que las provincias ahora tienen que trabajar con sus legislaturas para que se plasme lo firmado antes del 30 de junio de 2018.
El adjetivo desentona menos si se repasa la interminable lista de asignaturas pendientes que se acumularon desde 1994, cuando la reforma constitucional obligó a sancionar una nueva ley de coparticipación sin que ningún gobierno consiguiera el consenso mínimo para ponerse al día.
La Casa Rosada estaba dispuesta a todo con tal de modificar la fórmula de cálculo de las jubilaciones. Resignó su propósito de que solo se indexen cada tres meses, y aceptó que tengan un aumento superior a la inflación.

Según un cálculo de la Fundación Mediterránea, si se le reconociera un punto porcentual más por año por encima del IPC, el gasto previsional igualmente bajaría de 9,7% del PBI a 8,8%. Nada mal.
El Gobierno sumó la emisión de un bono por $80.000 millones, una cifra que suena ampulosa pero que está destinada a que el servicio de esos títulos acolchone el proceso de compensación de deudas recíprocas entre el Estado y todas las provincias.

A nivel general, el acuerdo prevé una solución al conflicto por el Fondo del Conurbano, a partir de una redistribución de la coparticipación; suma además un compromiso para reducir gastos e impuestos.
En paralelo, el Gobierno nacional y las provincias acordaron desestimar los juicios cruzados por deudas entre las jurisdicciones.

En cuanto a las jubilaciones, se acordó aplicar un mecanismo de actualización, que estaría por encima de la pauta inflacionaria.

El Pacto Fiscal se terminará de sellar con un paquete de leyes que en los próximos días se enviará al Congreso. La única provincia que no aceptó fue San Luis, comandada por los Rodríguez Saá.

Las partes se encontraron ante una gran oportunidad para acordar un paraguas legal, que pudo abarcar las cuatro grandes reformas necesarias para que desde el Estado, en sus distintos niveles, se comience a encaminar a nuestro país en el sendero del desarrollo:
1. Un acuerdo de responsabilidad fiscal para garantizar que la visibilidad de la información fiscal sea una política de Estado.

2. Un acuerdo sobre el reparto de recursos públicos que garantice la sostenibilidad eficiente y equitativa del desequilibrio fiscal vertical en el país.
Si bien aún se está lejos de consensuar un nuevo acuerdo de coparticipación, se han dado pasos hacia una mayor simplificación.

3. Una reforma tributaria nacional que disminuya el peso de los impuestos, principalmente el de los más distorsivos (impuesto al cheque) y que, a la vez, aumente el grado de progresividad.

4. Un cambio en el esquema tributario subnacional. En las provincias, buscando remover gradualmente las distorsiones más importantes del impuesto a los ingresos brutos, mientras se consensúa su sustitución por un impuesto más neutral.
A nivel municipal, reconociendo la necesidad de focalizar el financiamiento de los servicios públicos a través de tasas bien cuantificadas.

El contexto provisto por la reforma tributaria indicaba que era necesaria una estrategia de espacio fiscal integrado, que ordene fiscalmente todo el espacio geográfico del país, tanto en materia de gasto público como su financiamiento.

Para alcanzar el acuerdo, cada participante realizó concesiones respecto de la política fiscal, restringiéndose también sus grados de libertad, de cara a los próximos años.

La cuantificación de lo que puede haber resignado cada jugador podrá hacerse una vez que se conozcan los detalles específicos del acuerdo, o incluso cuando comience a resultar operativo.

La estrategia elegida debiera tener como objetivo primordial una baja gradual del peso del gasto público consolidado en la economía, que posibilitará sostener una reducción del déficit y de la presión tributaria. Claro que estos últimos objetivos también podrían lograrse recurriendo a un mayor endeudamiento. Pero esto quitaría consistencia y credibilidad.
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