A Fondo Domingo, 29 de julio de 2018

América Latina: un riesgo para los ambientalistas

Peligro real. El 60% de las 207 personas que murieron en 2017 por defender el ambiente son de esta región. Brasil registra el peor balance

Por haberse opuesto a proyectos forestales o agro industriales, al menos 207 personas murieron en el mundo en 2017, de las cuales casi un 60% en América Latina y especialmente en Brasil, según la ONG Global Witness.

Este balance contabilizado en 22 países está sin duda por debajo de la realidad, según el informe "¿A qué precio?", publicado por la ONG británica. La cifra supera, además, el récord de 2016, con al menos 200 muertos.

Las víctimas eran líderes locales, responsables de proteger la fauna salvaje o personas corrientes que defendían sus tierras.

Brasil registró el peor balance, con 57 muertos, con tres masacres en las que fallecieron 25 personas. Ese balance fue cuestionado por el gobierno brasileño, que acusó a la oenegé de utilizar "datos equivocados, inflados, fágiles y una metodología dudosa".

El segundo país con más asesinatos de ambientalistas es Filipinas (48), seguido de Colombia (24 muertos) y México (15).

México y Perú, a la cabeza

Global Witness alerta sobre el incremento espectacular de muertes en México (eran sólo 3 en 2006), donde el "aumento del crimen organizado, la impunidad continua y el fracaso del gobierno en proteger" a los defensores del medio ambiente ha llevado al "brutal silenciamiento" de quienes se oponen por ejemplo a la explotación maderera o a la minería.

Perú también registró un salto significativo, de 2 a 8 muertos en un año, mientras que con respecto a su población, Nicaragua fue el país más afectado (4).

En cambio, en Honduras el número de muertos bajó de 14 en 2016 a 5 en 2017, si bien "la creciente represión de la sociedad civil ha restringido lo que las personas defensoras pueden decir y hacer", según el informe de la ONG, cuya actividad se inició en 2002.

En total, uno de cada cuatro asesinatos de ambientalistas en el mundo (al menos 46, el doble que en 2016), estuvieron vinculados con la industria agroalimentaria. Cuarenta debido a disputas mineras (33 en 2016), 26 relacionados con la deforestación y un récord de 23, sobre todo guardias forestales africanos, por tratar de proteger a animales de los cazadores furtivos.

La situación muestra una epidemia de violencia contra los defensores de la Tierra.

Más noticias