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martes 12 de julio de 2016

Un preso que participó de un motín hace años ahora quiere recusar a un juez

El interno fue uno de los condenados por una de las revueltas más recordadas en el penal de Almafuerte. Ahora quiere apartar al juez de Ejecución, que en esa época era director de las cárceles.

Un preso que hace años participó de uno de los motines más recordados en el penal de Almafuerte intentó apartar a una juez que vela por el cumplimiento de su pena, pero la Justicia rechazó la recusación.

El interno es cuestión es Marcos Sebastián Nieva, quien en 2013 recibió una condena por participar de una revuelta que se desarrolló dos años antes en el complejo carcelario ubicado en Cacheuta –ver aparte-.

A través de su abogado, el preso intento recusar al juez de Ejecución Sebastián Sarmiento, quien está a cargo del cumplimiento de la condena del reo. El letrado explicó ante la Cámara de Apelaciones en lo Criminal que al momento del motín Sarmiento era director del Servicio Penitenciario.

Para el abogado, esto afecta la garantía de imparcialidad del magistrado y esto genera dudas en su accionar.

El juez contestó el pedido de recusación y manifestó que no intervino en ninguna forma durante el proceso penal que condenó al preso, más allá de originar la compulsa que investigó el motín. Sólo se limitó a cumplir su rol funcional como director de las cárceles, lo que no justifica su apartamiento.

Los camaristas le dieron la derecha al magistrado y manifestaron que "no se advierte que la anterior actuación de Sebastián Sarmiento revele situaciones constitutivas de motivos que objetiva o subjetivamente manifiesten un estado de parcialidad que justifique el apartamiento solicitado".

Una revuelta con condena

Cerca de las 16 del 6 de junio de 2011, cuando finalizaba el horario de visitas en el complejo de Almafuerte, diez internos del pabellón de máxima seguridad redujeron a los agentes penitenciarios que se encontraban en el lugar.

Seis uniformados quedaron como rehenes por casi 24 horas, ya que la revuelta se sofocó al día siguiente cerca de las 14. Las autoridades provinciales lograron convencerlos que terminaran con la toma de rehenes a cambio de que los trasladaban a otros centros penitenciario.

En mayo de 2013, los diez revoltosos –entre los que se encontraban algunos condenados a prisión perpetua- fueron sentenciados a 10 años de prisión por el delito de privación ilegítima de la libertad agravada por violencia y amenazas.

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