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martes 05 de septiembre de 2017

Tupac Amaru: punto por punto, el fallo que liberó a los principales sospechosos

Para los jueces de la Octava Cámara, es lícito que a las damnificadas les exigieran ir a los actos de kirchnerismo a cambio de las casas

En abril pasado se inició una de la causas más importantes del año: una pesquisa contra la organización Tupac Amaru. En la noche del lunes, la investigación quedó esquelética. La Octava Cámara del Crimen le dio un duro revés a la fiscal que investiga el hecho y se ordenó la libertad de los cinco principales imputados. Punto por punto, los detalles del polémico fallo.

La decisión de los jueces Ramiro Salinas, Luis Correa Llano y Alejandro Miguel desembocó en la libertad de Nélida Rojas, su pareja Ramón Martínez, sus hijas Carla y Leonela Martínez y la nuera de Rojas, Fanny Villegas. Además, generó una repercusión sumamente negativa por parte del Gobierno provincial y de la propia fiscal del caso, Gabriela Chaves.

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A cargo. La fiscal Gabriela Chaves con documentación de la causa.
A cargo. La fiscal Gabriela Chaves con documentación de la causa.


Es que en el escrito de 57 páginas los camaristas criticaron duramente el accionar de la fiscal. La columna vertebral que utilizaron fue descartar la calificación de asociación ilícita que les habían imputado a los sospechosos.

Trazando paralelismos con el caso del ex intendente de Santa Rosa Sergio Salgado, los jueces consideraron que la Tupac Amaru funcionaba bajo una estructura lícita y democrática -en forma de cooperativas-, tal como era para el ex jefe comunal su municipio.

También dieron a entender en reiteradas ocasiones que la fiscal tuvo algunos expedientes estancados desde 2011, luego "manipuló" la figura penal para agravarla y así solicitar la prisión preventiva de los sospechosos.

La Octava Cámara del Crimen argumentó que los hechos no fueron sistemáticos, condición vital para demostrar la asociación ilícita, ya que entre 2007 -cuando se originó la cooperativa- y 2011 no existió una sola denuncia ni prueba de delito alguno.

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Panorama. De las 1.000 casas terminadas, 50% eran de la Tupac Amaru.
Panorama. De las 1.000 casas terminadas, 50% eran de la Tupac Amaru.


Si bien al principio del fallo dijeron que la competencia de la investigación es provincial, luego argumentaron que Chaves se abocó a probar un fraude a la administración pública -delito que se investiga en la Justicia Federal- y utilizó una "etiqueta para direccionar toda su pesquisa". "No se probó que las supuestas estafas, extorsiones y coacciones hayan sido para enriquecerse", esgrimieron también.

Con respecto a la participación en actos militantes para el kirchnerismo, participación en asambleas y contribución en construcciones por parte de los adjudicatarios de las viviendas, los camaristas consideraron que es legítimo ya que los denunciantes sabían de estas exigencias de la Tupac Amaru antes de ingresar al programa. Prueba de esto fueron constancias y consentimientos firmados por los participantes. Además, "a los que no le entregaron las viviendas es porque incumplieron los requisitos".

Finalmente dijeron que la fiscal Gabriela Chaves perdió la objetividad y hasta afectó el derecho constitucional de libre asociación por paralizar la construcción de los barrios con su investigación.

También criticaron a la jueza de Garantías Cristina Pietrasanta por no explicar los motivos de sus resoluciones y extraer textuales del avoque de la fiscal sin análisis alguno.

Pese a la cantidad de críticas a la investigación, los jueces no hicieron lugar al pedido de sobreseimiento de la defensa porque la investigación aún no finaliza ya que no se ha solicitado la elevación a juicio. La última palabra la tendrá la Suprema Corte de Justicia, ya que la fiscal anticipó que apelará la resolución.



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