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viernes 06 de enero de 2017

Por el colapso de internos en el penal San Felipe prohibieron llevar más presos

El Juez de Ejecución Penal, Sebastián Sarmiento, lo ordenó al Servicio Penitenciario. Además dictaminó la reparación de los módulos y el traslado progresivo de los internos condenados hacia Almafuerte.

Debido a la situación de hacinamiento en el penal San Felipe, donde convive el doble de internos, el juez de Ejecución Penal, Sebastián Sarmiento, prohibió al Servicio Penitenciario alojar nuevos internos en tres módulos de ese complejo hasta julio de este año. También tomó otras medidas.

Se trata de los módulos donde están alojados jóvenes adultos, donde cada módulo cuenta con dos sectores con 60 camas cada uno, pero donde el hacinamiento es del 100 por ciento y habitan entre 120 y 130 internos en cada sector.

Esto provocó que la situación en ese complejo penitenciario sea prácticamente imposible, con pésimas condiciones sanitarias y de higiene, por lo que los defensores de las personas alojadas allí presentaron varios habeas corpus para mejorar la situación.

Ante esta situación, Sarmiento ordenó que no se ingrese a esos módulos ningún detenido más hasta julio de este año salvo que antes de ese período se reduzca a 80 la cantidad de internos alojados en cada sector de cada uno de los módulos.

Pero esta no es la única medida que ordenó el juez de Ejecución Penal, y ex director del Servicio Penitenciario, sino que también dictaminó que en 30 días se realice una refacción completa de las duchas para que en cada sector funcionen al menos seis duchas, se regularice el servicio de sanitarios en cada celda. Además en 60 días deben agregar un camastro adicional por celda, las cuales hoy cuentan con tres camas cada una.

Clasificación de reos
Según Sarmiento, otro de los problemas graves en San Felipe es que en un mismo sector conviven internos conflictivos y violentos condenados, con procesados y personas en fase de confianza, lo que provoca un retroceso en la resocialización de cada uno.

Ante esto, el juez también ordenó al Servicio Penitenciario que en 90 días se regularice la situación de los internos condenados y procesados que se encuentran allí alojados y se realice el traslado progresivo al penal Almafuerte, de los reos condenados que se encuentran en Fase I y II del Régimen Progresivo de la Pena.

Esto deberá cumplir como mínimo el 30 por ciento de los traslados al quince de marzo de este año, el 60 por ciento del total de los traslados hacia el 15 de mayo, y concluir con el 100 por ciento de los traslados el 15 de julio de 2017.

Pidió investigar a funcionarios
El juez de Ejecución Penal además solicitó a la Unidad Fiscal de Homicidios y Violencia Institucional que investigue la posible comisión del de delito de violación de los deberes de funcionario público, por parte de los funcionarios intervinientes, y a la Inspección General de Seguridad que investigue la posible comisión de una infracción administrativa.

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