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jueves 09 de junio de 2016

Muerte por derrumbes: antecedente judicial de una tragedia en 2012

La Justicia civil condenó a una empresa a pagar $300.000 a la madre de un joven que murió en circunstancias similares al hecho ocurrido el lunes pasado.

La Justicia penal se encuentra analizando responsabilidades en las muertes de Luciano Quevedo (3) y su madre Karen (22), quienes perdieron la vida en la tarde del lunes al derrumbarse un galpón sobre su departamento en Guaymallén. Paralelamente, en los últimos días en el fuero civil se resolvió una causa que mantiene varios puntos en común con el trágico hecho.

El Primer Tribunal de Gestión Asociada condenó este miércoles a una sociedad anónima a reparar con 300 mil pesos –más costas e intereses- a la madre de un joven que falleció en circunstancias similares años atrás en Ciudad.

La víctima fatal en este caso fue José Gustavo Mayorga (28), quien el 27 de octubre de 2012 se encontraba trabajando en una obra en construcción ubicada en la esquina de Sobremonte y Paso de los Andes, en la Quinta Sección.

Mayorga era uno de los albañiles que operaba en el lugar, donde se estaba construyendo el edificio Sobremonte, proyecto a cargo de la empresa Emprendimientos Inmobiliarios San Agustín. Ese mediodía, un muro cedió a su posición vertical y cayó encima del obrero, quitándole la vida en el acto tras sufrir múltiples lesiones en el cráneo y tórax.

En sede penal, las personas que tenían a su cargo la vigilancia de la construcción fueron imputadas por el delito de homicidio culposo. Esta calificación, que la suelen recibir los conductores en casos de muertes en accidentes de tránsito, también podría ser aplicada contra el propietario del tinglado que protagonizó la tragedia a principios de esta semana.

En paralelo, la madre de Mayorga inició un reclamo por la vía civil solicitando 300 mil pesos en efectivo en concepto de daño moral, apuntando contra la empresa constructora. En su argumentación, la mujer planteó que los peritajes de ingenieros concluyeron que existía posibilidad de desmoronamiento y que no se realizaron las medidas preventivas para evitarlo.

"No se adoptaron las medidas de seguridad necesarias para evitar el desmoronamiento, y entre las que se recomendaban, submuración, tabiques de hormigón en tramos cortos, tomar en cuenta el ángulo", estimó uno de los peritos.

La demandante agregó que incluso antes de la tragedia los vecinos de la zona se sintieron en riesgo y realizaron reclamos ante la Municipalidad de Ciudad, aunque los controles nunca se cumplimentaron.

La empresa contestó en primer término que la construcción se lleva adelante gracias a un fideicomiso, por lo que no debe ser ella quien responda legalmente por el hecho. En caso de ser considerada responsable, agregó que se realizaron todos los deberes posibles y que "el hecho que provocó el accidente fue totalmente extraño a su mandante".

Desde la empresa establecieron que la grieta que originó el derrumbe se originó por un trabajo de repavimentación en calle Paso de los Andes, lo que produjo hasta una inclinación del edificio, y no por las propias labores de la construcción.

La jueza civil Roxana Alamo fue la encargada de resolver el litigio y lo realizó a favor de la demandante. La magistrada consideró que "quien realiza actividades que por su naturaleza o modo de empleo genera riesgos potenciales a terceros, debe responder por los daños".

Además tomó en cuenta la declaración de varios testigos que nunca mencionaron la supuesta grieta sino que señalaron otras causas que originaron el derrumbe, como el tránsito vehicular por calle Paso de los Andes.

Doble tragedia

Karen y su hijo de 3 años fallecieron en la tarde del lunes pasado, aunque sus cuerpos fueron hallados horas después tras trabajos de excavación. Según la hipótesis principal que investiga el fiscal de Guaymallén Tomás Guevara, un galpón abandonado ubicado en San José cedió y cayó encima del departamento donde vivía la familia. Ambos murieron bajo los escombros.

Por estos días, el expediente penal busca determinar las responsabilidades que recaen en el trágico hecho, sobre todo en cuando al propietario del tinglado que en otrora fuera un frigorífico y a las autoridades municipales.

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