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viernes 15 de abril de 2016

Millonario pago para la familia del policía asesinado en un golpe a un blindado en la Universidad Maza

El hecho ocurrió en 2008 y fue el entonces cabo Eduardo Correas (42) quien perdió la vida. Los detalles de la demanda civil y el recuerdo del conmocionante caso.

Una millonaria indemnización deberá enfrentar el Gobierno provincial y una entidad bancaria tras una demanda laboral que ganó la esposa e hijos de Eduardo Jesús Correas, el policía de 42 años que murió baleado en 2008 tras un intento de asalto a un camión de caudales en la Universidad Maza.

La mujer y los tres niños -10 meses, 11 y 8 años- realizaron la presentación judicial apuntando contra el Ministerio de Seguridad ya que el cabo perdió la vida prestando servicios para la Policía. Si bien se encontraba cumpliendo servicios extraordinarios mientras custodiaba el blindado, la Justicia entiende que actuó bajo las normativas de la Policía de Mendoza.

Los demandantes –se reservan sus identidades- apuntaron también contra el Banco Regional de Cuyo, entidad para la cual se encontraba trabajando esa fatídica noche el uniformado, ya que protegió "con su propia vida los caudales del mismo y la vida de sus dependientes".

"Correas no realizó ninguna falta que le sea imputable, todo lo contrario, cumplió las exigencias laborales correspondientes, habiendo inclusive realizado un acto heroico, defendiendo con su vida la de sus compañeros y dependientes del Banco, evitando la perpetración del robo", manifestaron en la presentación judicial.

Por el "daño irreversible" que generó el asesinato en la vida de su familia –alegaron problemas económicos y psicológicos desde su muerte- solicitaron una suma un poco menor a un millón de pesos.

Desde el Ejecutivo provincial contestaron la demanda asegurando que las víctimas ya habían recibido 230 mil pesos de la aseguradora de riesgos del trabajado y que, en todo caso, quien debería responder es la entidad bancaria ya que fue quien obtuvo el "beneficio de protección de sus caudales" –el robo no se consumó- a costa de la vida del cabo Correas.

Desde la entidad bancaria –hoy Supervielle- argumentaron que la causa de muerte fue a manos de terceros y que estaban afiliados a una ART.

El caso quedó en manos de la Quinta Cámara del Trabajo donde en primer lugar se dio por probada la relación laboral y la existencia del hecho –estaba el antecedente del expediente penal por el homicidio-. La jueza Viviana Gil consideró que el dinero pagado por la ART no es suficiente para reparar el daño sufrido.

En un extenso fallo con apoyos en varios antecedentes, la magistrada analizó que el Ministerio de Seguridad dictó una resolución donde ascendió post morten al fallecido a la jerarquía de sargento" y detalló que se trataron de lesiones en un "acto de servicio".

También analizó el contrato de servicios extraordinarios entre el banco y el Ministerio donde el objetivo es justamente "brindar seguridad a la entidad bancaria, para protegerla justamente de robos, asaltos, perpetrados por delincuentes", por lo que no se puede eximir la culpa hacia los asaltantes como terceros.

"El Gobierno de la Provincia de Mendoza es responsable conforme la normativa señalada, ya que dicho servicio extraordinario, es autorizado por él mismo", argumentó la magistrada. Con respecto al banco, falló que es "quien obtenía los beneficios con la actividad de seguridad llevada a cabo por los custodios".

En la resolución del veredicto laboral se ordenó el pago de 1.182.847 pesos para la esposa y los tres hijos del efectivo policial asesinado, lo cual se debe efectivizar en diez días a menos que alguna de las partes apele la sentencia.

Golpe comando fallido

El 1 de septiembre de 2008, la Universidad Juan Agustín Maza fue el escenario de uno los hechos policiales más conmocionantes de los últimos años. En el interior de la casa de altos estudios ubicada en Guaymallén funcionaba una sucursal del Banco Regional de Cuyo, donde alumnos y personal realizaban distintos trámites como, por ejemplo, abonar las cuotas.

Cerca de las 20, un camión blindado había llegado al lugar para retirar el efectivo disponible. El entonces cabo Correas era uno de los custodios junto a la policía Natalia Cortez. Esta última se dirigió hacia la sucursal junto a un portavalores y minutos después salieron con una bolsa precintada.

En ese momento, comenzó un tiroteo con un tres delincuentes que intentaron robar el dinero. Correas sacó de la línea de fuego a su compañera y fue alcanzado por varios impactos de armas de fuego. Cortez también recibió heridas, aunque pudo salvar su vida y tiempo después se jubiló de la fuerza.

La investigación fue liderada por el entonces fiscal de Delitos Complejos Eduardo Martearena –hoy juez de Cámara- y hubo varios detenidos, aunque cuatro de ellos recuperaron su libertad y no llegaron a juicio.

En septiembre de 2011 se realizó un juicio oral y público donde fueron condenados a prisión perpetua Darío Alejandro Cantos (26) y el ex policía Víctor Rubén Vargas (38), por el delito de homicidio criminis causa agravado por ser la víctima un funcionario policial y robo agravado en grado de tentativa. Un hombre resultó absuelto en ese mismo debate.

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