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viernes 23 de septiembre de 2016

Médico absuelto por la muerte de su esposa demandó a dos jueces y al Estado

Oscar Tarqui (63) pidió un millón y medio de pesos tras estar dos años investigado por la muerte de Lucila Lucero (55). La Justicia civil rechazó la demanda.

Un profesional de la Salud que estuvo sindicado en el homicidio de su esposa, en un reconocido hecho de sangre ocurrido en 2008, demandó al Estado provincial y a dos magistrados que lo investigaron. El hombre fue absuelto por la Justicia y reclamó por vía civil un millón y medio de pesos, aunque recibió un revés judicial.

Para comprender la demanda civil hay que recordar el hecho ocurrido el 12 de enero de ese año en un domicilio ubicado en el barrio Fuchs de Godoy Cruz. En horas de la madrugada, María Lucila Lucero (55) apareció sin vida con una fractura en la base del cráneo.

El hijo de víctima encontró el cuerpo frente a la escalera cerca de las 5 y llamó al servicio de emergencia, aunque nada pudieron hacer los profesionales de la Salud para salvar la vida de la secretaria de un juzgado civil.

El caso fue investigado por el entonces fiscal de Delitos Complejos, Luis Correa Llano –hoy en la Cámara de Apelaciones en lo Penal-, quien apuntó contra el esposo de la víctima fatal, Oscar Daniel Tarqui, un alto directivo del Hospital Central. El traumatólogo fue atrapado días después en San Juan, fue imputado por homicidio preterintencional y estuvo detenido durante cinco días en la penitenciaría provincial.

Luego obtuvo la prisión domiciliaria y siguió ligado al proceso durante dos años. En mayo de 2010 llegó a juicio acusado por el homicidio en forma accidental. Durante toda esa etapa, el médico admitió que tenía una amante y desde el entorno de la pareja trascendieron que había malos tratos. Incluso una de las hijas del matrimonio se constituyó en querellante contra su propio padre.

Lo cierto es que la Segunda Cámara del Crimen terminó absolviendo por el beneficio de la duda a Tarqui. En ese debate, ni siquiera el fiscal de Cámara pudo solicitar años de prisión para el sospechado ya que no había elementos de convicción para encontrarlo culpable de la muerte de Lucero.

Ante esta situación, Tarqui inició una demanda contra la Provincia, el magistrado Correa Llano y la jueza de Garantías María Alejandra Mauricio –avaló la investigación del fiscal especial- solicitando una indemnización de un millón y medio de pesos por daños y perjuicios.

El médico manifestó que hubo "arbitrariedades" durante la investigación por parte de ambos integrantes de la Justicia. En su reclamo alegó que perdió las ganancias de su puesto como subdirector y quedó como médico de planta.

En la contestación de la denuncia civil, desde el Estado provincial aseguraron que Tarqui tuvo conductas que arrojaron sospechas, tal como un hematoma en su ojo y antecedentes de malos tratos. Lo mismo realizó la jueza Mauricio. En tanto que el fiscal Correa Llano interpuso que deben quitarle sus fueros para ser denunciado y agregó que "había motivos para dudar de la causa de muerte de Lucero".

El juez civil Ricardo Sancho fue quien dirimió la cuestión. El magistrado tuvo en cuenta el cambio del relato de algunos testigos entre lo aportado durante la etapa de investigación y luego durante el juicio, que las escuchas telefónicas se realizaron cuando Tarqui se había "fugado" a San Juan, que su hija querelló en su contra lo cual indica que había motivos para dudar de su participación en el hecho.

"Había elementos como razona el Tribunal que eleva a juicio para pensar que el imputado era el autor del homicidio, aunque no todos fueran concordantes. Incluso la muerte obedece a varias causas, tres en concreto y sobre todo el tema de las agresiones constantes que había sido víctima Lucero por parte de su marido el que incluso fue excluido del hogar en una oportunidad", estimó el juez civil.

El magistrado concluyó que los investigadores judiciales, además de tener sus fueros, no actuaron con dolo o culpa contra Tarqui, así como que el Estado tuvo un obrar lícito. Por estos motivos terminó rechazando la demanda del profesional de la Salud, quien en un futuro podrá insistir con la Cámara de Apelaciones en lo Civil.

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