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jueves 24 de marzo de 2016

La Policía se equivocó de dirección, hizo mal un allanamiento y ahora el Estado debe responder

La Justicia ordenó el pago de una indemnización a una familia tras el operativo erróneo. Las víctimas sufrieron, además de roturas en el domicilio, secuelas psicológicas.

La Provincia deberá afrontar un pago indemnizatorio a una familia tras un allanamiento que la Policía cometió por error tras equivocarse en la dirección del domicilio. Las víctimas realizaron una demanda civil que fue resuelta por la Justicia a su favor.

El procedimiento en cuestión se realizó el 28 de abril del 2009, cerca de las 7.30. Personal de la Policía Rural irrumpió en la vivienda ubicada en Maipú rompiendo el portón de entrada y luego la puerta de madera de ingreso.

Según relataron los moradores, eran cinco efectivos que estaban vestidos de civil y portaban armas de fuego. En un principio no exhibieron orden de allanamiento y obligaron a los cinco presentes a tirarse al suelo.

Sin embargo, cuando le solicitaron el documento al padre de la familia notaron que se habían equivocado de lugar, por lo que se retiraron pidiendo disculpas.

El caso derivo una denuncia en el ámbito penal cuyo expediente caratulado como daños fue instruido por la Fiscalía Especial de Delitos Complejos, aunque no ha tenido sentencia hasta el momento.

En esta pesquisa quedó claro que la orden de allanamiento que había sido emitida para secuestrar un revólver calibre 38 era para una vivienda ubicada en calle Vidal Serra, cuando el operativo policial se realizó en el domicilio de la familia ubicado en calle Matienzo. Ambas arterias forman una intersección en el barrio Villa Blanca..

En la demanda civil que cursó la familia, aseguraron que "el procedimiento fue ilegal y con exceso en uso de la fuerza", por lo que reclamaron una suma de 50 mil pesos en concepto de daños y perjuicios.

En el expediente se realizó un peritaje psicológico que determinó que los familiares sufrieron estrés agudo y con secuelas tales como falta de concentración y hasta perfiles psicóticos, ya que sus vecinos perdieron credibilidad de ellos.

La titular del Segundo Tribunal de Gestión Asociada, Rosana Alicia Moretti, consideró que "la violencia vivida por los actores como consecuencia de los hechos objeto de esta demanda, han causado angustia y dolor a los mismos, lo que se agrava porque implica una violación de domicilio".

Finalmente la magistrada hizo lugar al reclamo pretendido y ordenó al Gobierno provincial a pagar una suma de 40 mil pesos, más intereses y costas, a la familia. De todas formas, el Estado tiene diez días para recurrir la sentencia y que sea analizada por una Cámara Civil.

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