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viernes 10 de junio de 2016

Estuvo en la cárcel, era inocente y ahora las víctimas de un asalto deberán indemnizarlo

Los propietarios de un corralón deberán pagarle 30 mil pesos a uno de los trabajadores tras acusarlo injustamente de cometer un robo.

Un trabajador rural recibirá una indemnización monetaria por daño moral luego que fuera enviado a la penitenciaría aunque era inocente. Quienes deberán afrontar el pago serán sus propios empleadores, quienes lo acusaron como autor de un robo que nunca llegó a probarse.

El fallo civil tiene su origen en el 11 de febrero de 2008, cuando el J.B. –se reserva su identidad- se encontraba trabajando en un corralón de cereales ubicado en Maipú. Esa mañana, mientras el hombre cumplía sus labores, fue detenido por personal de la Subcomisaría de Coquimbito.

Sucede que sus jefes, un hombre y una mujer, habían sufrido un violento asalto en la madrugada de ese mismo día y al llegar al corralón lo señalaron como el autor del hecho junto a uno de sus compañeros.

El hombre estuvo sometido a una investigación de la Unidad Fiscal de Maipú donde lo imputaron por robo agravado por el uso de arma de fuego, en poblado y en banda. Estuvo detenido por un lapso de 4 días, pasando incluso por la penitenciaría de Boulogne Sur Mer.

J.B. fue sobreseído por la Justicia y recuperó su libertad. Sucede que al momento de realizar la denuncia las víctimas habían afirmado que no eran capaces de reconocer a los autores del hecho, aunque luego señalaron a sus empleados.

En la pesquisa tampoco se recabaron pruebas objetivas contra los sospechosos. Por el contrario, el trabajador golondrina declaró que al momento del asalto se encontraba con un amigo tomando una cerveza. En tanto que unas huellas dactilares halladas en una camioneta tras el asalto no pertenecían al hombre.

Tras el episodio, J.B. presentó un reclamo indemnizatorio por vía civil entendiendo que había sufrido daño moral en la situación. No sólo apunto contra sus empleadores sino también contra el Gobierno provincial.

Los acusados contestaron la demanda insistiendo que era el autor del asalto, pese a que la Justicia "deficiente" lo sobreseyera. También argumentaron que quien ordenó la detención fueron las autoridades judiciales y no ellos mismos.

Desde el Estado, por su parte, indicaron que fue detenido en base a un reconocimiento que hicieron las víctimas y que estuvo tras las rejas cuatro días "necesario para esclarecer mínimamente el hecho".

En el análisis del juez civil se tuvo en cuenta que los demandados insistieron en "su acusación calumniosa". "La calumnia da lugar a una reparación que puede sólo limitarse al daño moral y también a los daños patrimoniales sufridos", agregó el magistrado Ricardo Alberto Sancho.

"Quien cargó con la cruz de padecer una prisión preventiva luego no reflejada en una condena, no debe ser cargado con una segunda cruz, el rechazo de la compensación por el tiempo que estuvo detenido", explicó en un fallo plagado de doctrina penal.

Con respecto a la responsabilidad del Estado, consideró que la Justicia actuó en menos de cuatro días para comprobar que no tenía vinculación al hecho, por lo que hubo negligencia en su obrar.

De esta forma, condenó a los empleadores del denunciante a pagarle una suma de 30 mil pesos en efectivo más costa e intereses desde el día del hecho hasta la fecha.

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