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viernes 11 de marzo de 2016

El Gobierno y un policía deberán pagar más de $600 mil a familiares de una joven que murió al chocar con un patrullero

La joven alleció en 2004 cuando circulaba en moto por Guaymallén. El uniformado pasó rápido por una esquina con semáforo intermitente.

El Gobierno de Mendoza y un efectivo policial fueron condenados a pagarle una importante indemnización a la familia de una joven que falleció en 2004 cuando circulaba en una moto y fue colisionada por un móvil de la Policía en Guaymallén.

Es de 685 mil pesos, más costas e intereses, el pago que deberán afrontar el Ejecutivo y el uniformado Fabián Alberto Puebla, según determinó el Tribunal de Gestión Asociada 1. Los beneficiarios del resarcimiento serán los padres de una joven de 19 años, que estudiaba la carrera de Sociología.

Ella circulaba como acompañante de una moto de 110 cilindradas, en la madrugada del 27 de diciembre de 2004. Más precisamente a las 6.40, las jóvenes se dirigían por el carril Godoy Cruz en dirección al este.

Por calle Mitre en dirección al norte circulaba una camioneta utilitaria Trafic de la fuerza policial, conducida por Puebla quien iba acompañado por otro agente. En ese entonces, ambos prestaban servicios en Luján de Cuyo.

El semáforo que regula esa esquina se encontraba con luces amarillas en forma intermitente para ambos cruces. Pese a esto, el patrullero pasó a una velocidad mayor a 50 kilómetros por hora sin tener las balizas prendidas, según reconstruyó el expediente civil y penal.

Si bien el uniformado intentó evitar el impacto con la moto, no pudo evitarlo. Los efectivos policiales resultaron ilesos, pero la joven de 19 años perdió la vida a las pocas horas y la conductora de la moto sufrió secuelas permanentes que le quitaron la posibilidad de caminar por sus propios medios.

En sede penal, Puebla fue condenado a dos años de prisión en suspenso e inhabilitación para conducir vehículos por cinco años. La carátula del caso fue la de homicidio culposo.

En el ámbito civil, los padres de la joven fallecida iniciaron una demanda tanto contra el conductor del patrullero como contra el Gobierno de Mendoza, entendiendo que tiene la responsabilidad por ser el propietario del rodado y el empleador del chofer demandado.

Los abogados del Ejecutivo mendocino contestaron que el conductor de la camioneta respetó las normas de tránsito y existió responsabilidad de la víctima en el trágico accidente.

Sin embargo, los peritos del caso estimaron que el móvil policial circulaba a una velocidad aproximada de entre 67 y 70 kilómetros por hora, en tanto que la moto lo hacía a 25 km/h.

La jueza María Paz Gallardo consideró que el policía "al haber atravesado la encrucijada con las luces de los semáforos en color amarillo intermitente, es decir, en estado de precaución absoluto, asumió una conducta riesgosa. La ley de tránsito especifica que los vehículos policiales y de seguridad deben contar con balizas azules intermitentes".

Teniendo en cuento el daño moral –los padres de la víctima fatal están deprimidos, con pérdida de apetito, insomnio-, la pérdida de chance, los gastos de sepelio y los terapéuticos, la Justicia ordenó a pagar la indemnización de 685.478, lo cual deberá efectuarse en menos de diez días a menos que la parte vencida apele la sentencia.

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