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miércoles 23 de agosto de 2017

Denunciaron al Ministerio de Seguridad por presuntas escuchas ilegales

La asociación de Ayuda al Policía pidió a la Justicia que investigue posible espionaje a periodistas, abogados y policías.

Una importante investigación se desató en los últimos días luego que una asociación de civiles que ayudan a policías denunció que sus integrantes, abogados y hasta algunos periodistas tienen los teléfonos intervenidos por parte del Gobierno de Mendoza.

La denuncia se radicó hace algunos días por parte los miembros de la Asociación Ayuda al Policía, quienes aseguraron haber sufrido una serie de escuchas ilegales, amenazas y persecución por parte del Ministerio de Seguridad.

En detalle, aseveraron que al presidente de la organización, Pablo Fiore, y la vicepresidente, Romina Dalmaso, les enviaron mensajes de texto advirtiéndole que tienen los teléfonos "pinchados". Es decir, que tanto sus llamados, como sus redes sociales y mensajes de Whatsapp han sido intervenidos por las altas esferas de la cartera que comanda Gianni Venier.

Incluso Fiore advirtió que en una ocasión fue amenazado con un arma de fuego cuando circulaba en su auto y que el autor fue un auxiliar de contra inteligencia.

En la acusación judicial, los denunciantes apuntaron contra personal de Dirección de Inteligencia Criminal como los que efectuaron les presuntas escuchas ilegales.

La situación también la habría sufrido una abogada que suele tener a policías como clientes, llevando adelante varias de las causas que se investigan en la Inspección General de Seguridad. Un miembro de esa dependencia le habría afirmado a la letrada que su correo electrónico donde recibe comunicaciones oficiales fue hackeado.

Pero el caso lo agravaron aún más cuando los denunciantes ampliaron y ratificaron la acusación. Según comentó el presidente de Ayuda al Policía, en esa ocasión mencionaron también intervenciones a teléfonos celulares de varios periodistas y abogados de la provincia.

La denuncia original se realizó en la Justicia Federal, más precisamente ante el fiscal Fernando Alcaraz. Este último se declaró incompetente y el expediente pasó a la órbita provincial a manos de la Unidad Fiscal de Capital, siendo Gustavo Fehlmann quien ahora lidera la causa.

Por estos días se están tomando declaraciones de algunos testigos que, según los denunciantes, confirmarían la persecución ilegal que están sufriendo por parte de la cartera de Seguridad. Fuentes judiciales adelantaron que estás testimoniales son de vital importancia ante la dificultad de probar tecnológicamente las presuntas escuchas.

Desde la asociación aseguraron ante la Justicia que "responsabilizamos a las autoridades ministeriales y personal denunciado por amenazas verbales o escritas, daños materiales o físicos que pudiéramos sufrir".



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