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lunes 15 de agosto de 2016

Clausuraron un bar en Recoleta y acusan a sus dueños de obligar a sus empleadas a prostituirse

La investigación está en poder del juez federal Sebastián Casanello, quien además tiene en la mira inspectores del Gobierno porteño.

Un bar ubicado en pleno barrio de Recoleta fue clausurado y sus dueños son investigados por la Justicia ante denuncias de que obligaban a sus empleadas a prostituirse.

La investigación está en poder del juez federal Sebastián Casanello, quien además tiene en la mira inspectores del Gobierno porteño por el cobro de coimas para permitir el funcionamiento del local "Stavros", sobre la calle Vicente López 2229.

Sus dueños ya fueron procesados por trata con fines de explotación sexual en la causa que se inició en marzo de este año tras la denuncia hecha por la madre de una de las víctimas.

Según esa denuncia, la joven tenía el trabajo de atraer clientes para hacerles consumir tragos en la barra, y luego el dueño del local les ofrecía un trabajo más rentable: que ofreciera servicios sexuales a los clientes.

La oferta sexual se hacía en el local y una vez acordados con los clientes, se concretaban los encuentros en albergues transitorios de la zona, según publicó un matutino porteño.

El local ya había recibido denuncias hechas por la ONG Fundación La Alameda, pues ya se habían presentado denunciando a Gabriel Nicolás Athanassopoulos, conocido como "El Griego", y quien supo estar al frente de los locales que antes llevaran el nombre de Hellas y luego Malaka.

"El Griego" era quien las instaba a las empleadas a prostituirse bajo la promesa de una mejor rentabilidad económica, y en donde él se presentaba como intermediario entre ellas y los clientes que frecuentaban el lugar.

Tras la denuncia, la Procuraduría contra la Trata y Explotación de Personas (Protex) impulsó la causa, el fiscal Federico Delgado reclamó las indagatorias de Athanassopoulos y de su mujer, Betiana Alles.

Finalmente, el juez Casanello los procesó por trata de personas y les trabó embargados por 500.000 pesos.

Fuente: Télam

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