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martes 13 de septiembre de 2016

Allanaron la casa de un anciano, le quebraron la cadera y ahora deberán indemnizarlo

La Justicia civil condenó al Gobierno provincial a pagar $45 mil a un hombre por el procedimiento que realizó el GES en una casa de Guaymallén hace casi 10 años.

El Gobierno provincial deberá indemnizar económicamente a un anciano que sufrió serias lesiones óseas cuando personal policial realizó un allanamiento en su domicilio de Guaymallén hace casi 10 años. La Justicia civil ordenó a pagarle un monto que asciende los 45 mil pesos.

El hecho que motivó el reclamo civil fue un procedimiento que se realizó el 23 de julio de 2007, cerca de las 8. Ese día personal del GES (Grupo Especial de Seguridad), los uniformados más capacitados de la Policía de Mendoza, irrumpieron en el domicilio del denunciante –se reserva su identidad- ubicado en el carril Godoy Cruz.

La Justicia de Garantías había ordenado que se realice el operativo en el lugar en procura de secuestrar armas de fuego y detener a los habitantes.

Según relató el anciano de 73 años, los miembros del GES ingresaron por la fuerza sin antes golpear la puerta para intentar franquear el paso sin violencia. Los policías empujaron a los ocupantes "a los gritos e insultos" y maltrataron al denunciante, quien estaba en una cama debido a una enfermedad.

Las víctimas relataron que los uniformados lo levantaron y lo tiraron en el patio, produciéndole una fractura en su cadera. Por este motivo tuvo que ser internado en el hospital Lagomaggiore, donde fue operado para sanar la lesión.

Los representantes legales del Gobierno provincial desconocieron el supuesto abuso de autoridad por parte de los efectivos del GES y, en todo caso, consideraron que "en materia de allanamientos debe analizarse la situación que se presenta en cada caso, debiendo priorizarse el bien común". También pusieron en duda la lesión ósea ya que no quedó asentada en el expediente penal.

En primera instancia, al Segundo Tribunal de Gestión Judicial Asociada en lo Civil consideró que de las pruebas testimoniales no quedó acreditado que el grupo GES actuó de forma irregular. "El procedimiento fue derivado de una actividad lícita del Estado en el ejercicio de su poder de policía, destinado al secuestro de armas de fuego y otros elementos que, a la postre, fueron encontrados e incautados", manifestaron los magistrados.

Pese a esto, los jueces civiles consideraron que el daño que sufrió el demandante fue a consecuencia del procedimiento policial: "Están acreditados los extremos necesarios para imputar la responsabilidad del Estado Provincial derivada de una actividad lícita, pero que causó daños a la integridad física de una persona".

Es por esto que en primera instancia, la Justicia civil condenó al Gobierno a pagar la suma de 45 mil pesos los cuales corresponden 30 mil por la incapacidad física y el restante por daño moral.

Sin embargo, la Provincia apeló el veredicto asegurando que los testigos no vieron el supuesto maltrato de los policías hacia la víctima, sino que sólo oyeron gritos, por lo cual no se puede decir que el procedimiento fue ilícito. "No existe ninguna prueba que permita demostrar que la fractura de cadera del actor se produjo como consecuencia del accionar del personal policial", alegaron.

La Cuarta Cámara de Apelaciones en lo Civil terminó confirmando la sentencia en todas sus partes. "Más allá de que la orden de allanamiento haya sido legalmente emitida, su cumplimiento, en lo que concierne a salvaguardar la integridad física y psíquica de los menores y los ancianos, no fue regularmente acatada por el personal policial", consideraron los camaristas.

Es que si bien no hubo personas que vieran directamente la supuesta agresión, el testigo del allanamiento declaró que escuchó a un hombre gritar "suéltenme que duele mucho la pierna" y "yo no he hecho nada". Los peritajes médicos también confirmaron que la lesión ocurrió en la fracción de tiempo en la cual se realizó el operativo.

Ahora el Estado provincial deberá pagar la indemnización de 45 mil pesos más costas e intereses a menos que apelen una vez más la sentencia y sea la Suprema Corte de Justicia la que defina el caso judicial.

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