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jueves 24 de noviembre de 2016

Acusan a una pareja de estafar al colegio Don Bosco en unos $10 millones

Son quienes explotan el camping de la orden, que está en Guaymallén. Aseguran que quieren quedarse con el predio y cobrar $10 millones.

Un sacerdote de Don Bosco engañado y una abogada presuntamente infiel haciéndole firmar papeles en blanco, que se convertirían en los anexos de un contrato, para facilitar la explotación privada por 10 años del camping de los salesianos. Todo en complicidad con un matrimonio, beneficiado con la concesión, que luego demandó en los tribunales, por $10 millones, a la orden religiosa por incumplimiento de contrato, juicio que según los denunciantes ocultaría el germen de una estafa cinematográfica.

En el medio de la disputa, hay 1.500 niños y adolescentes de la comunidad salesiana afectados, que no pueden usar el predio, y una gran mayólica de la Virgen María y el santo, desaparecida desde que está el nuevo concesionario.

Es la fotografía de una causa penal de película que investiga la Justicia de Mendoza, en la que ya fueron imputados la letrada que asesoraba al cura de Don Bosco y los titulares del concesionario, por "estafa por abuso de firma en blanco y tentativa de estafa procesal". A pesar de ello, aún controlan el camping ubicado en calle Tirasso, en Guaymallén.

La prueba crucial
El peritaje caligráfico ordenado por la fiscalía sobre los anexos del contrato original de la explotación del predio concluyó que había suficientes irregularidades como para que la fiscal de Capital Susana Muscianisi imputara a Cristian Alberto Rodríguez y a Claudia Alejandra García, el matrimonio titular de la concesión y administradores de un conocido gimnasio del microcentro, y también a la ya ex abogada de Don Bosco Carolina Mezzatesta, por los delitos ya mencionados.

Además de los peritajes, un audio ofrecido por la orden salesiana en la causa revelaría una conversación de más de 20 minutos entre los tres acusados, en donde, según los denunciantes, quedaría demostrada la connivencia y la maniobra con la que se pergeñó el engaño al sacerdote y la consecuente estafa.

Los peritos calígrafos determinaron que los anexos se los hicieron firmar en blanco al sacerdote.

Según los investigadores, se detectó que las rúbricas del cura fueron hechas con distintos bolígrafos y en diferentes días, que las hojas de los anexos tienen un formato poco común porque están mal cortadas y que los textos con las nuevas cláusulas están estirados o ajustados para hacer coincidir el espacio restante con las firmas del religioso.

Un comienzo feliz
Todo empezó en 2014, cuando el padre salesiano Juan Carlos Cavallera, director de Don Bosco, decidió poner en manos de privados la explotación del camping que la orden tiene desde hace 56 años y que es utilizado por la comunidad salesiana para actividades de sus alumnos, ex alumnos y una fuerte tarea social con niños y adolescentes de bajos recursos de los barrios aledaños.

La concesión se otorgó, según la denuncia, en octubre de 2014, a Cristian Rodríguez y Claudia García, quienes son matrimonio y manifestaron una entusiasta adhesión a los valores salesianos que no hizo más que hacer pensar al sacerdote que Dios se los había enviado. El padre Cavallera firmó el contrato asesorado por la abogada del colegio Don Bosco, Carolina Mezzatesta.

El documento preveía un año de explotación, sin especificar una cifra por el usufructo, a cambio del mantenimiento, algunas mejoras y una agenda de actividades para los jóvenes de la comunidad.

Pero a los pocos meses, el sacerdote notó que los términos no se cumplían. Intimó al concesionario por carta documento y exigió la devolución del camping por incumplimiento de contrato: el cura no se imaginaba ni en sus peores sueños lo que estaba por venir.

El matrimonio que explotaba el predio no sólo se negó a devolverlo sino que demandó al sacerdote y a la orden por $10 millones, también por incumplimiento contractual.

Ahí fue cuando el padre Cavallera se desayunó de que su firma estaba estampada en los anexos de dos ampliaciones contractuales que desconocía y asegura que nunca firmó.

Los anexos decían, para asombro del religioso, que la concesión se extendía por 10 años, que en caso de litigio judicial el concesionario retendría el camping hasta el final del juicio y que Don Bosco pagaría $1 millón por año al concesionario por la explotación. Tras idas y venidas, el religioso denunció una millonaria estafa a la Justicia penal acusando incluso a la mismísima abogada que lo asesoró en la negociación.

El Arzobispado y la orden, expectantes
El escándalo del caso del camping del colegio Don Bosco evidentemente no pasó desapercibido para la Iglesia Católica mendocina, que aunque no se haya expresado sobre el conflicto sigue expectante el tema y ha puesto a sus mejores asesores detrás de la causa.

Lo mismo ocurre con la orden de los salesianos, cuya máxima autoridad regional, apostada en Córdoba, tuvo que viajar a Mendoza para empaparse del tema.

La pérdida del camping, cuya recuperación no será fácil, podría provocar el desplazamiento del sacerdote en breve.
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