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miércoles 17 de agosto de 2016

Abogados, médicos y falsas víctimas, acusados de integrar una red de estafas inédita

La fiscalía imputará a 28 sospechosos de haber embaucado a varias compañías de seguros con falsos accidentes viales. Un empleado judicial está involucrado

Una presunta red de profesionales y ciudadanos locales fue acusada ayer de engañar a varias compañías de seguros, sacándoles dinero a partir de accidentes viales truchos.

La supuesta banda fue desarticulada por la Justicia, luego de que un empleado de la Oficina Fiscal 8 de Guaymallén fuera descubierto como el primer y necesario eslabón para que las estafas pudieran llevarse a cabo sin generar sospechas.

La investigación determinó en que un trabajador judicial, media docena de abogados, cuatro médicos y 17 supuestas víctimas están implicados.

Se trata de un caso inédito, con 28 sospechosos en total que comenzaron a ser imputados ayer por el fiscal especial de delitos complejos, Santiago Garay.

El magistrado comenzó ayer con Daniel Alejandro Manrique, el empleado judicial que fue imputado como partícipe necesario por estafas reiteradas y falsedad ideológica de documento público. Sospechan que venía actuando desde el 2012.

¿Cómo hacían?
El ardid utilizado para embaucar a las aseguradoras –según creen los investigadores– era tan simple que pasó desapercibido con todo éxito durante varios años.

Lejos de inolvidables y sofisticadas maniobras, como la de la famosa película argentina Carancho, la red mendocina era más ingeniosa y prescindía de la sangre para llegar al éxito.

En el filme, los protagonistas provocaban accidentes viales, tirándose sobre los autos y sufriendo lesiones de las que se valían para hacer demandas judiciales millonarias contra sus víctimas, en un oscuro negocio de corrupción e influencias.

Definitivamente, este no era el caso de la red de estafadores desarticulada ayer.
Por el contrario, los investigadores creen que la piedra angular de todo el circuito era el trabajador judicial que ya está imputado.

El empleado, al parecer, abría expedientes por accidentes viales con lesionados en el sistema informático del Poder Judicial y no hacía falta que mandara a montar ningún accidente vial por ahí.
Era más fácil: inventaban los hechos en el expediente y le agregaban las supuestas víctimas, gente de carne y hueso que sería, el último y también necesario, eslabón de la cadena.

Con los expedientes generados en el sistema, emitía los certificados de denuncia que iban a parar a manos de los abogados. Los profesionales partían con esos documentos a las compañías de seguros para obtener un arreglo extrajudicial.

Los certificados de denuncia eran la llave para abrir la negociación porque acreditaban, para las aseguradoras, la existencia real de que los casos reclamados estaban tramitándose en el Poder Judicial.

Los detectives dieron cuenta de que habitualmente los estudios jurídicos llegan a las compañías con paquetes de denuncias para negociar.

Un operador del sistema de seguros explicó a Diario UNO cómo funciona: "Los abogados vienen con una pila de denuncias por accidentes viales y ofrecen directamente un arreglo extrajudicial por el paquete completo. A las compañías muchas veces les conviene para evitar juicios y otros gastos, y cierran un acuerdo, evitando que se inicie la demanda judicial. Como está la certificación de la denuncia, no hay nada que sospechar".

Fueron así las certificaciones de los falsos accidentes emitidas desde el Poder Judicial las que hicieron pasar el río con botas a las compañías afectadas, que además desnudaron un flojo sistema de control interno.

Las estafas se fueron llevando a cabo hasta que a una aseguradora se le ocurrió, en febrero, averiguar sobre los casos que ahora están bajo investigación.

La sorpresa
Fue entonces cuando dieron con la primera irregularidad. Los accidentes viales por los que consultaron sólo aparecían en el sistema informático, pero no estaba su obligatoria pieza física: el expediente papel.

Y no la encontraban porque en realidad no existía. Nunca se habían conformado esos expedientes.
En el Poder Judicial, determinaron que era siempre el mismo empleado el que incurría en la irregularidad. Lo supieron porque cada vez que daban con un expediente trucho, este había sido cargado con el nombre de usuario del sospechoso, paso necesario para operar el sistema.

Tardaron poco en confirmar que Daniel Alejandro Manrique era el responsable de la carga de los falsos accidentes viales. La Justicia le abrió un sumario administrativo, lo suspendieron y enviaron la denuncia a la Fiscalía de Delitos Complejos.

Rastreando en el sistema, el fiscal Garay halló 94 denuncias de falsos accidentes de tránsito cargadas con el usuario de Daniel Manrique, ahora imputado por estafas.

Así, pudo seguir el circuito a la compañías de seguro, rastrear las denuncias y los arreglos extrajudiciales que se habían realizado. También descubrió cuáles eran los estudios o abogados que habían intervenido, los médicos que firmaban los certificados de las falsas lesiones y hasta las "víctimas" que habían cobrado las indemnizaciones.

Detectaron siete casos en los que las compañías habían pagado entre todos un total de $93.500.
La suma no parece millonaria en principio, pero para la fiscalía el delito está consumado y la cifra podría ser sólo la punta del iceberg de un modus operandi que lleva 4 años.
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