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sábado 10 de septiembre de 2016

Unidad antilavado quiere congelar bienes de la sucesión de Kirchner

La entidad antilavado de activos pidió al juez Julián Ercolini el congelamiento de los bienes de la sucesión de Kirchner, que falleció en 2010.

Buenos Aires. La Unidad de Información Financiera (UIF) pidió la inhibición general de los bienes de la sucesión del ex presidente Néstor Kirchner en el marco de la causa Hotesur, por la cual se investiga a su esposa y a sus hijos.
Fuentes judiciales informaron a la prensa que la entidad antilavado de activos pidió al juez Julián Ercolini el congelamiento de los bienes de la sucesión de Kirchner, que falleció en 2010.
El pedido fue hecho a raíz de presuntas irregularidades en la sucesión, en la que Máximo Kirchner, uno de los hijos de Kirchner y de la ex presidenta, Cristina Fernández, está nombrado como administrador, por lo cual reclaman que sea desplazado como tal.
En ese sentido, la Unidad de Información Financiera reclama que sea nombrado un administrador judicial hasta tanto terminen las investigaciones que tienen en la mira a Cristina Fernández y sus hijos, Máximo y Florencia.

Patrimonio en danza

La sucesión del fallecido Néstor Kirchner no sólo comprende varios millones de pesos en efectivo que están depositados en distintas cuentas bancarias, sino también algunos inmuebles y participación accionaria en algunas empresas.
En la causa judicial denominada Hotesur son investigados Cristina Kirchner y sus hijos por presuntas maniobras de lavado de dinero.
Todo, a raíz de que el empresario Lázaro Báez habría pagado cánones mensuales por el alquiler de los hoteles de la ex presidenta, pero que en realidad nunca eran ocupadas.
La Justicia sospecha que los pagos por parte de Lázaro Báez por el presunto alquiler de plazas hoteleras eran una suerte de retorno de dinero tras haber sido él beneficiado con la licitación de gran cantidad de obra pública durante el kirchnerismo.
El fiscal Pollicita reclamó por segunda vez esta semana la indagatoria de Cristina Fernández y el santacruceño Lázaro Báez, entre muchos otros involucrados, por presunto fraude en la concesión de obra pública al empresario durante el período 2003-2015.

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