País País
sábado 17 de septiembre de 2016

Se opusieron a darle el beneficio de prisión domiciliaria a Báez

Es lo que argumenta la defensa del empresario detenido desde abril. El fiscal Marijuan dijo que las dolencias que padece pueden ser controladas en el penal.

Buenos Aires. La defensa de Lázaro Báez pidió ayer que el empresario detenido y procesado por presunto lavado de dinero sea beneficiado con la prisión domiciliaria por cuestiones de salud y la fiscalía se opuso.

El abogado penalista Maximiliano Rusconi presentó un pedido para que Báez sea excarcelado y otro para que, en caso de fracasar el primero, sea mantenido bajo arresto domiciliario para poder afrontar el adecuado tratamiento de su cuadro de diabetes.

Rusconi presentó una copia de la historia clínica de Báez y un informe de un perito de parte para intentar justificar el pedido basado en que su defendido está desmejorado, perdió peso y se le habría agravado el cuadro que lo aqueja.

Los escritos fueron presentados ante el juzgado a cargo de Sebastián Casanello, quien le corrió vista al fiscal Marijuan para que dictaminara sobre el pedido.

El fiscal se opuso "porque las dolencias que padecería el imputado pueden ser controladas dentro de la unidad carcelaria", aunque entendió que podría resultar "prudente que se le practique un examen médico".

El empresario, que acuñó su fortuna como concesionario de obra pública, está preso desde el 5 de abril, día en el que fue detenido en el aeropuerto de San Fernando al bajar de un vuelo privado que había partido de Río Gallegos y que, según la Justicia, no tenía plan de vuelo.

El empresario fue procesado por presunto lavado de activos luego de que se difundiera un video captado por las cámaras de seguridad de la financiera SGI, conocida como La Rosadita, en la que aparecían hombres de su entorno contando grandes sumas de dinero. También fue procesado por la presunta realización de maniobras para blanquear dinero a través de la firma suiza Helvetic Service Group.

Báez, por otra parte, sostuvo ayer que no pudo pagar los aportes y las cargas sociales de los empleados de sus 14 empresas porque la Justicia embargó y bloqueó sus cuentas bancarias, algo que le impidió adherir un plan de pagos para regularizar la situación. Fue trasladado desde la cárcel de Ezeiza, para ser indagado en el juzgado penal económico a cargo de Ezequiel Berón de Astrada, quien lo imputó por la evasión de $33 millones en aportes a la seguridad social.

Ante el juez se negó a responder preguntas, pero entregó un escrito donde solicitó que se realice una pericia relativa a sus empresas y el pago de impuestos y aportes, entre otros elementos antes de ampliar su indagatoria.
Fuente:

Dejanos tu comentario

Más Leídas