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jueves 17 de marzo de 2016

Proponen condenar en menos de 30 días a los detenidos por tráfico de drogas

El diputado nacional radical Luis Petri, nuevo titular de la Comisión de Seguridad Interior del Congreso, quiere crear juzgados de Flagrancia para combatir narcos.

Un diputado nacional mendocino impulsará que los detenidos por tráfico y comercialización de estupefacientes sean condenados por la Justicia en menos de un mes, con el fin de que vayan presos y que en caso de conseguir una pena en libertad, caigan tras las rejas por reincidencia en la próxima ocasión que sean sorprendidos quebrando la ley.

La propuesta busca tomar un atajo más efectivo, en medio de una fuerte polémica nacional ya instalada desde el gobierno anterior, sobre si debe la Nación seguir monopolizando la lucha contra el narcotráfico o por el contrario, los gobierno provinciales deben hacerse cargo de esa responsabilidad por su cuenta y definitivamente.

Mientras este debate caliente persiste, el diputado nacional por Cambia Mendoza Luis Petri elevará un proyecto de ley para la creación de juzgados express que condenen a los detenidos por tráfico de drogas en menos de un mes.

"Voy a promover un proyecto con el fin de crear juzgados antinarcóticos de Flagrancia para que los detenidos por violar la ley de estupefacientes sean juzgados y condenados en menos de 30 días", anticipó Petri a Diario UNO.

El diputado nacional radical explicó: "Cada vez que detienen a personas comercializando drogas o en un quiosquito con alguna pequeña cantidad y elementos de fraccionamiento, estamos ante un caso flagrante. Por lo tanto, debe ser juzgado como tal y recibir sentencia de inmediato".

Petri impulsará el proyecto aupado en la flamante y reciente chapa de presidente de la Comisión de Seguridad Interior de la Cámara de Diputados de la Nación, puesto que ocupará en adelante y para el que fue elegido por sus pares.

Esta comisión, que conducirá tendrá bajo su responsabilidad las normativas, entre otros temas, para combatir el delito y también el narcotráfico con su novedosa beta de los precursores químicos.

Para el legislador nacional mendocino, la idea de abrir juzgados de Flagrancia para condenar los casos de drogas "terminaría con la sobrecarga de causas por estupefacientes que hoy tienen los juzgados federales en todo el país, cuya estructura y operatividad está sobrepasada.

Sería además una respuesta superadora y rápida a la polémica de si la jurisdicción de la lucha contra el narcotráfico deben tomarlas las provincias o seguir en manos exclusivas de la Nación.

En esta polémica, Luis Petri explicó que "acá la discusión que se plantea es si las provincias se deben encargar de las pequeñas causas de tráfico de drogas, más conocidas como narcomenudeo es la Nación la que las tiene que combatir".

Es ni más ni menos que el combate contra el narcomenudeo, esto es venta minoristas en plazas y espacios verdes, comercialización en casas de familia, quiosquitos barriales, un tráfico de "goteo" que horada a la ciudadanía con tanta efectividad como el tráfico de grandes cargamentos.

Petri explicó que "la Nación se ocupa poco de la lucha contra el narcotráfico, sobre todo en el menudeo y al ocuparse poco, termina obligando a las provincias a hacerse cargo de lo que tiene que hacer por jurisdicción legal el Estado nacional".

Aunque no se expresó abiertamente a favor de federalizar la lucha contra las drogas, remarcó que "la realidad es que las fuerzas de seguridad nacionales tienen presencia reducida en las provincias y los juzgados federales están atiborrados de causas".

Fue más allá y precisó: "El 60% de la causas por drogas en la Justicia Federa son casos de narcomenudeo".

Pero para Petri, la gran ventaja que ofrecen casi todos estas causas es que son delitos flagrantes, es decir probados, por que los detenidos son atrapados con la droga encima, con lo cual "en menos de 30 días se podría tener una sentencia, oxigenar el trámite actual y con las condenas provocar un impacto más efectivo en la lucha callejera contra las drogas".

Por último recordó que ya la actual ley de estupefacientes permite que las provincias tomen la jurisdicción a cambio de los recursos pero "las que lo hicieron tomaron la posta y no les dieron los fondos".
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