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jueves 25 de agosto de 2016

Procedimiento judicial en el Banco de Santa Cruz por presuntas operaciones de Báez

Fue ordenado por el juez Sebastián Casanello y se realizó en la casa central de esa entidad en Río Gallegos. Se buscó información vinculada con operaciones sospechosas que podrían estar relacionadas con el empresario detenido.

La medida fue ejecutada por la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), como parte de la investigación que intenta determinar si el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner encubrió movimientos bancarios de Báez.

Fuentes judiciales informaron a Télam que en esa entidad se registraron algunas de las transacciones atribuidas al empresario, que amasó su fortuna como concesionario de obra pública.

Báez está detenido desde el 5 de abril por presunto lavado de activos y, dentro de esa causa, se abrió un expediente que investiga si el gobierno kirchnerista supo y encubrió las operaciones bancarias del empresario.

La causa se inició el 10 de junio a partir de un informe presentado por el actual Procurador del Tesoro, Carlos Balbín, sobre el Discovery, la acción judicial iniciada por Paul Singer para obtener información que pudiera utilizar en el litigio con la Argentina en la larga disputa entre este país y los fondos buitre.

El fondo NML, de Singer, se presentó en 2013 ante la justicia estadounidense para presentar una acción judicial contra el estudio panameño Mossack Fonseca con el objetivo de conocer detalles de 123 sociedades creadas en el estado de Nevada, que podrían estar involucradas con Báez u otros empresarios argentinos.

Del informe de Balbín se desprendía que el estudio de abogados Cleary, Gottlieb, Steen & Hamilton LLP, con sede en Nueva York, que representaba a la Argentina en su disputa con los fondos buitre, comenzó a recibir la información relacionada con Báez en 2013. Y, también, que esa información fue girada a la entonces procuradora del Tesoro, Angelina Abbona.

La información, producto del proceso enfocado en conocer detalles de más de 100 sociedades creadas en el estado de Nevada y supuestamente vinculadas a Báez, habría sido enviada por correo electrónico entre fines del 2013 y junio del 2015.

En esa investigación, el fiscal federal Guillermo Marijuan solicitó que la ex presidenta y el ex ministro de Economía Axel Kicillof sean citados a declaración indagatoria bajo la sospecha de que participaron de una maniobra de encubrimiento.

Fuentes judiciales consultadas por Télam sostuvieron que aún no se encontraron elementos que permitieran vincular a esas 123 sociedades con Báez y que algunas de ellas no tienen vínculo con la Argentina.
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