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viernes 11 de marzo de 2016

Piden que se enjuicie al mendocino Luciano Di Césare, ex titular de PAMI

Se encuentra procesado por presunta defraudación contra la Administración Pública.

El fiscal federal Franco Picardi pidió la elevación a juicio oral y público de la causa en la que el mendocino Luciano Di Cesare, ex titular del PAMI, se encuentra procesado por presunta defraudación contra la Administración Pública.

Se trata del expediente en el que se investiga una millonaria inversión en letras del Tesoro del Estado nacional con fondos de la obra social de los jubilados que se hacían pasar como excedentes.

En su resolución, dada a conocer por fuentes judiciales, Picardi precisó que la maniobra habría tenido lugar entre diciembre de 2008 y el mismo mes de 2012 por un monto cercano a los $15 mil millones.

Ahora será el juez que entiende en la causa, Claudio Bonadio, quien deberá evaluar si acepta el requerimiento del titular de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Nº5.

Al solicitar la elevación a juicio de la causa, el representante del Ministerio Público Fiscal entendió que Di Cesare, ex director ejecutivo del PAMI, desvió fondos de las arcas de la obra social "y les dio un destino diferente al de sus fines propios, circunstancia esta que ocasionó un perjuicio en las prestaciones asistenciales debidas".

"No se explica el porqué del empleo de elevados montos en la inversión investigada en las presentes, a la luz del déficit situacional del instituto que, en modo alguno, habría permitido considerar que quedaban excedentes", aseveró el fiscal.

El 24 de febrero pasado, el procesamiento del último titular del PAMI durante la gestión kirchnerista había sido confirmado por la Cámara Federal porteña, como también un embargo dispuesto en su contra por un millón de pesos.

Así lo resolvieron los camaristas de la Sala II (Horacio Cattani, Martín Irurzun y Eduardo Farah), quienes remarcaron que "las mentadas inversiones constituían 20% del patrimonio" de la obra social.

Entre otros aspectos, en ese momento eran denunciadas falencias en el área de discapacidad, moras sin motivo en el pago de insulina, tiras reactivas, atención ambulatoria y deficiencias edilicias.
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