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miércoles 15 de febrero de 2017

Movimientos sociales negocian un pago de $4.000 con el Gobierno

Es por la aplicación de la Ley de Emergencia Social, que viene discutiéndose desde 2016. "La situación se agravó", fundamentaron los interlocutores en la mesa del Ejecutivo.

El Gobierno nacional acordó con los movimientos sociales avanzar con la implementación de la Ley de Emergencia Social y dentro de 15 días volverán a reunirse para ultimar los detalles de la normativa, que establece el pago de un salario complementario de $4.000 para los trabajadores del sector informal, entre otros beneficios.

Esto se consensuó en una reunión entre la ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley, y los referentes de los movimientos sociales, luego de que transcurrieran dos meses desde que el Congreso sancionara esta ley y no se desarrollaran novedades sobre su promulgación, lo cual había provocado malestar en las organizaciones.

"En la reunión se discutió la implementación de la ley, ya que había distintos modelos, y se consensuó un modelo de reglamentación. En 15 días habrá una nueva reunión ya para definir la reglamentación", sostuvo el líder de Barrios de Pie, Daniel Menéndez.

Al encuentro con Stanley asistieron Menéndez, por Barrios de Pie; Fredy Mariño, de la Corriente Clasista y Combativa (CCC), y Emilio Pérsico y Juan Grabois, por la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP).

"En estos meses se ha perdido tiempo y se agravó la situación social", se quejó Menéndez sobre la demora en la promulgación de la iniciativa, que había quedado paralizada porque el Ejecutivo no cumple con la reglamentación, paso necesario para su entrada en vigencia.

Esa situación había motivado semanas atrás una manifestación de Barrios de Pie, que incluyó la instalación de ollas populares en el centro porteño, para reclamar celeridad al Gobierno.

Por otro lado, el dirigente confirmó que está en pie la movilización que el 13 de marzo hará su organización, junto con la CCC, la CTEP y otras, bajo la consigna de las tres "T" (tierra, techo y trabajo) que impulsa el papa Francisco, al cumplirse ese día cuatro años del inicio de su pontificado.

La puesta en marcha de la emergencia social establece un desembolso de entre $25.000 y $30.000 millones, de aquí hasta 2019, que se repartirá en concepto de salario complementario social, entre otros beneficios, para los trabajadores del sector informal que integran estas organizaciones.

La propuesta contempla que durante la vigencia de la emergencia se incrementen 15% mensual los valores vigentes de la asignación universal por hijo y la asignación por embarazo para protección social.
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