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jueves 18 de mayo de 2017

La ONU criticó el "uso excesivo de la prisión preventiva" en la Argentina"

El Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria recordó que "debe utilizarse con carácter excepcional, luego de haberse considerado ciertos factores relevantes como el riesgo de fuga y el de obstaculizar la investigación, así como la complejidad del caso".

El Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre la Detención Arbitraria (GTDA) expresó hoy su "preocupación" por el "uso excesivo de la prisión preventiva" en la Argentina, al presentar las conclusiones preliminares de la visita que realiza al país.

Así lo expusieron dos de sus cinco integrantes en el marco de una conferencia de prensa ofrecida en la sede de las Naciones Unidas en Buenos Aires, en la que, aunque no se refirieron puntualmente al caso de la detenida dirigente social Milagro Sala, destacaron que se mantiene "vigente" la opinión que brindaron en octubre del año pasado, cuando consideraron que su detención era "arbitraria" y que "no existen elementos legales para justificar su prisión preventiva".

Por otro lado, en sus conclusiones preliminares, el Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria recordó que, "conforme la Ley Nacional 24.390 promulgada el 21 de noviembre de 1994, la prisión preventiva debe utilizarse con carácter excepcional, luego de haberse considerado ciertos factores relevantes como el riesgo de fuga y el de obstaculizar la investigación, así como la complejidad del caso".

"El Grupo de Trabajo halla que este marco legal no se refleja en las prácticas del Poder Judicial, que tiende a otorgar la mayor parte de las solicitudes de prisión preventiva. Como resultado de ello, aquellos detenidos preventivamente constituyen alrededor del 60 por ciento de la población detenida dentro del sistema de justicia penal", puntualizó este cuerpo de la ONU, dependiente del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU.

En este sentido, indicó que la cifra de detenidos bajo prisión preventiva es "superior en algunas de las instituciones visitadas por el Grupo de Trabajo" y puso como ejemplo que "el 75 por ciento de las personas detenidas en el Complejo Penitenciario Federal IV de Mujeres en Ezeiza se encuentran en calidad de prisión preventiva".

También, el GTDA expresó su "alarma" por el hecho de que "las comisarías albergan detenidos durante períodos prolongados" y entendió que "esto surge principalmente del uso excesivo de la prisión preventiva en todo el país y de la falta de espacio en los centros de detención".

En otro orden, en un documento en el que volcó sus conclusiones preliminares, el Grupo sobre Detención Arbitraria remarcó que "es responsabilidad del gobierno federal garantizar que se cumplan todas las obligaciones jurídicas internacionales en todos los niveles dentro de su jurisdicción" y subrayó que "la estructura federal del país no debería obstaculizar el cumplimiento efectivo de las obligaciones internacionales asumidas por la Argentina".

Asimismo, en otro de los apartados de sus conclusiones preliminares, el GTDA advirtió sobre el "impacto negativo en la situación general en materia de derechos humanos en la Argentina" que acarrea la demora en la designación de un nuevo Defensor del Pueblo de la Nación, y exhortó a las autoridades a que "redoblen sus esfuerzos y prioricen" el proceso para cubrir ese puesto, vacante desde el 2009.
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