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martes 06 de septiembre de 2016

La Justicia desestimó una denuncia contra Peña por el uso de datos de la Anses

El juez concluyó que el convenio suscripto con la Anses no es contrario a la ley que custodia los datos personales, por lo que descartó la figura penal de abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público.

El juez federal Sebastián Casanello desestimó una denuncia contra el jefe de Gabinete, Marcos Peña, por el supuesto uso ilegal de datos que la Anses tiene de los ciudadanos con fines de comunicación pública.

El juez concluyó que el convenio suscripto con la Anses no es contrario a la ley que custodia los datos personales, por lo que descartó la figura penal de abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público.

Entre otras cosas, Casanello se basó en el dictamen realizado por el Director Nacional de Protección de Datos Personales, Eduardo Bertoni, cuya opinión había sido solicitada por el fiscal Federico Delgado, y que indica que "el convenio en sí no se opone a la ley 25.326 de Habeas Data".

Casanello advirtió en su fallo que el traspaso de datos no contraviene de por sí las disposiciones de la ley 25.326, pero advierte que "el buen o mal uso que a futuro los funcionarios hagan de esos instrumentos es un imponderable que escapa" a su función "de juzgar conductas pasadas, es decir, efectivamente acaecidas".

"Es sabido que la aparente legalidad de los actos a veces no alcanza para afirmar la ausencia de delito ya que es posible que instrumentos legales sean empleados de modo delictivo", indicó el juez.

Casanello agregó que, en este caso, "la utilización de los datos no ocurrió aún, por lo que nada hay que juzgar en ese plano, ni tampoco es correcto ingresar en el terreno especulativo" y apuntó: "Dependerá de la conciencia y honestidad de los funcionarios el no traicionar la ley. Si lo hicieran sus conductas resultarán penalmente relevantes".

"Los actos administrativos denunciados, entonces, pueden ser criticados o tolerados, pueden ser incluso considerados inoportunos, sin mérito o inconvenientes -aspectos que hacen a un juicio de valor de sustancia política-, pero no lucen manifiestamente ilegales. Tampoco se advierte opacidad, engaño, falta de transparencia o algún otro indicador que al día de hoy permita hablar de abuso de autoridad en términos penales", completó el juez.

El 25 de julio, el Gobierno había anunciado mediante una resolución publicada en el Boletín Oficial el polémico decreto que autoriza al Poder Ejecutivo el uso de los registros de ANSES para "contar con herramientas que permitan instrumentar las políticas de comunicación pública".

Según está estipulado, la medida tendrá una vigencia de dos años y le permitirá al Gobierno hacerse periódicamente de la base de datos de ANSES (Nombre y Apellido, DNI, domicilio, teléfonos, correo electrónico, fecha de nacimiento, estado civil y estudios).

La medida provocó el repudio inmediato de la oposición, que calificó la iniciativa como una invasión a la vida privada de los ciudadanos con la finalidad de hacer "propaganda partidaria".

Tras el convenio, se presentaron ante la Justicia amparos para que se deje sin efecto el acuerdo, y en paralelo denuncias penales contra Peña; el director de la Anses, Federico Basavilbaso, y el secretario de Comunicación Pública, Jorge Grecco.

"El objetivo no tiene que ver con la comunicación política o propagandística, es para mejorar el vínculo con los ciudadanos", justificó por su parte Peña, para quien no se "vulnera la intimidad de ningún ciudadano".

Fuente: Noticias Argentinas

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